Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
06/07/2026 | Mérida, Yucatán
Wilberth Nahuat logró derribar al depredador que amenazaba con contaminar su acuífero y su monte, pero a cambio ha tenido que ver de frente el alcance del poder, de la injusticia y de la criminalización de quienes defienden su territorio; sin embargo, claudicar nunca ha sido una opción para el comisario, por el contrario, quiere ser un ejemplo para otras comunidades amenazadas.
“Le estamos dando un ejemplo a la sociedad yucateca de que cuando hay colectividad en la en la comunidad, cuando el comisario ejidal se une con el comisario municipal y el Consejo Comunitario podemos luchar juntos y se pueden lograr cosas. Es un ejemplo para otras comunidades que tienen este tipo de problemáticas como las granjas”, declaró Wilberth en entrevista con La Jornada Maya.
Wilberth Nahuat Puc es comisario de Santa María Chi, comunidad maya perteneciente al municipio de Mérida, en la cual se instaló una granja de cerdos que, tras una operación de tres décadas, causó estragos en el medio ambiente, situación que llevó a la movilización de las y los pobladores.
El comisario fue una de las personas que encabezó el reclamó contra la granja y las denuncias formales para que se investigue, se hagan los estudios correspondientes y se den a conocer las afectaciones que la granja de Grupo Porcícola San Gerardo había Santa María Chi, las cuales fueron confirmadas.
Tras varios años de lucha, la comunidad logró que autoridades federales determinaran el cierre total de operaciones de la granja y el retiro de los miles de cerdos que se encontraban en este recinto. Una gran victoria para las y los defensores del territorio.
La represalia llegó de inmediato a través de una denuncia por los delitos de secuestro y despojo derivados de un desencuentro entre operadores de la granja y la comunidad.
Durante tres años, Wilberth ha defendido su inocencia y ha vivido con la incertidumbre de que su libertad esté en riesgo debido a esta criminalización y, aunque logró una segunda victoria cuando una jueza confirmó el no ejercicio de acción penal en su contra, ahora la amenaza de la apelación por parte de la parte acusadora lo tiene en vilo nuevamente.
“Una de las peticiones que hace este abogado de la porcícola es volver a abrir audiencia y volver a llevarme ante el juez. Están apelando contra la decisión de la jueza, ya vimos que es un tema muy personal contra un servidor porque están buscando cansarme y esto se va a seguir extendiendo.
“De cierta manera se están desquitando, ya le cerramos una granja y les ha costado demasiado y entiendo perfectamente y porqué la molesta y porqué el desquite, tienen dinero y tienen el poder para hacerlo”, lamentó.
Acompañado de Fundación Yansa el comisario ha enfrentado el proceso penal en su contra, pero también ha fortalecido su perfil como defensor del territorio, pues ahora también asesora y acompaña a otras comunidades que luchan contra proyectos que amenazan a las comunidades mayas.
Wilberth asegura que él, su familia, sus amigos y compañeros de lucha se encuentran preocupados por este proceso, además, asegura que su integridad también está en riesgo porque la empresa ha demostrado toda la intención de cobrar venganza por el cierre de la granja.
“Tienen el poder y los medios para pagar por la vinculación, esa es una y la otra es que si me llegara a pasar algo, esto tiene nombre y apellido: son los Loret de Mola Coldwell y Grupo Porcícola San Gerardo”.
Wilberth comparte su enojo por esta situación, por la criminalización de su lucha que considera legítima y cuyo fin único fue proteger a la comunidad, al acuífero que es tan valioso para Yucatán y al medio ambiente que es sostén de las y los pobladores.
Pese al escenario negativo, el comisario asegura que la defensa sigue valiendo la pena porque todo el territorio de Yucatán enfrenta constantes amenazas, con proyectos que proponen una idea de desarrollo, pero que no suelen tomar en cuenta las afectaciones.
Además, criticó que se le permita a la iniciativa privada ejercer políticas públicas como un “pago” por el daño que ocasionan.
Por ejemplo, algunas empresas porcícolas ponen internet gratis en las comisarías donde operan, suelen regalar carne a las familias u ofrecen servicio médico sin costo, entre otras cosas.
“Venden la idea del progreso, del trabajo, de la economía, pero no hacen consultas indígenas, afectan al medio ambiente, enferman a los niños y se les da el permiso de que esas empresas se laven la cara dando una despensa, regalando un balón de dos pesos y es preocupante que los municipios permitan que las políticas públicas estén en manos de empresas privadas y menos si son las que están contaminando a la comunidad”.
Wilberth aseguró estar listo para defender su inocencia y también el territorio yucateco.
Edición: Ana Ordaz
