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La Jornada Maya
30/07/2026 | Mérida
Comunidades mayas de Yucatán obtuvieron una suspensión definitiva que ordena a autoridades ambientales realizar inspecciones, supervisiones y visitas técnicas a granjas porcícolas señaladas por presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población.
El juicio de amparo 1111/2026 fue promovido por habitantes de Kinchil, San Rafael, Santa Teresa Coahuila y Paraíso, en el municipio de Maxcanú, así como de Chocholá y Santa María Chi, comisaría de Mérida, quienes impugnaron el convenio específico de coordinación suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán para la evaluación del impacto ambiental de las granjas porcícolas.
Entre los argumentos presentados en el amparo se encuentra la presunta omisión de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas antes de la firma del convenio, así como la falta de atención a denuncias ambientales relacionadas con la operación de las granjas.
Las comunidades promoventes sostienen que el convenio impugnado genera efectos directos sobre sus territorios y derechos colectivos, por lo que consideran que debió someterse a un proceso de consulta conforme a los estándares nacionales e internacionales.
De acuerdo con la resolución ordenada por una jueza federal, las autoridades deberán efectuar inspecciones y supervisiones sobre la instalación y funcionamiento de las granjas ubicadas en las comunidades involucradas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. En caso de detectar irregularidades, deberán aplicar las medidas correctivas o sancionatorias previstas en la ley e informar al juzgado sobre las acciones emprendidas.
El litigio cuenta con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos abogados representan a las comunidades en el juicio de amparo.
Las comunidades señalaron que la suspensión definitiva representa un avance en la protección de sus derechos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación en las decisiones públicas que puedan afectar sus territorios.
