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Astrid Sánchez
05/08/2026 | Mérida, Yucatán
Al realizar la cronología del avance del complejo turístico Las Dunas, ubicado en el Puerto de Chuburná, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Neyra Silva, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvieron que todo el aval del proyecto fue otorgado durante la pasada administración, mientras que actualmente el gobierno del estado realiza acciones para verificar que se cumpla con la normativa.
“Nuestro actuar ya está en marcha, hemos solicitado formalmente a la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y a la
Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) que verifiquen las autorizaciones de este proyecto y que toda la información técnica que nosotros tengamos vamos a entregarla para que se proceda como deba procederse y nosotros acataremos lo que la Semarnat y la Profepa determinen dentro de sus facultades”, declaró el gobernador durante su conferencia de prensa.
Al respecto, Neyra Silva detalló que fue la administración pasada, encabezada por el gobernador Mauricio Vila y por el entonces presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías, la que dio el aval al proyecto, que considera 14 torres con 138 departamentos, así como áreas comerciales y estacionamientos.
“Durante la administración pasada se emitieron dos FUAs (Factibilidad Urbana Ambiental). La primera es la 399, que fue en julio del 2021, y en abril del 2023 de la 186… Las factibilidades urbanoambientales no son permisos, son factibilidad”, detalló la secretaria.
La titular de la SDS fue la encargada de exponer la cronología del proyecto Las Dunas, la cual comenzó en febrero de 2024, cuando la inmobiliaria obtuvo la licencia de suelo número 079-24 que fue emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, la cual tenía una vigencia de un año.
Al modificar el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso se ratificó el uso turístico y comercial de este espacio y fue en julio de 2021 que se emitió la primera FUA, con el expediente 399-21.
El proyecto detallaba que se trataba de un hotel sobre una fracción del predio, estableciendo restricciones de ocupación y excluyendo la zona del manglar.
Posteriormente, en febrero del 2023, se emitió una opinión técnica del cálculo de capacidad de carga, determinando una capacidad de carga habitacional efectiva de 18 400.2 metros cuadrados, equivalente al 51.12 por ciento de la superficie aprovechable que se encuentra fuera del área de humedal.
Después, en abril del 2023, se emitió la FUA número 183-2023 para el proyecto denominado Complejo Turístico Las Dunas, es decir, un nuevo aval por parte del Gobierno del Estado.
La secretaria explicó que cuando comenzó la nueva administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, municipal se había otorgado y la factibilidad estatal original ya había sido emitida, por lo que se ratificaron las FUAs.
“Una ratificación de trámite sobre un expediente que ya estaba encaminado en los mismos términos y con las mismas condicionantes de conservación total y con una vigencia de 1 año”, aclaró.
Admitió que entre enero y febrero de 2025, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió una opinión técnica señalando que el proyecto no se contrapone con el programa de ordenamiento, pero que su viabilidad quedaría sujeta al cumplimiento de los criterios y cálculo de capacidad de carga establecidos en el marco del análisis técnico interno relacionado con el ordenamiento ecológico.
“La secretaría emitió una opinión especializada en la que se solicitó complementar información técnica del expediente con los elementos necesarios para poder validar el cálculo de capacidad de carga previsto en el proyecto e incluyendo los factores estructurales y la dinámica de la duda”, resaltó.
Además, la secretaría aseguró que el gobierno del estado comparte la preocupación por el futuro de la costa yucateca por lo que se mantendrá atento a las medidas que tomen autoridades federales.
El gobernador recordó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son las instancias federales encargadas de la clausura de proyectos.
“Lo que le toca a nuestro gobierno y lo estamos haciendo, es vigilar las condiciones estatales, cómo las heredamos y cómo se ratificaron y coordinarlos con la autoridad federal en ese caso para que acatemos lo que ellos en su momento definan”.
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Edición: Estefanía Cardeña
