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Astrid Sánchez
17/08/2026 | Mérida
La discusión para autorizar al gobierno de Joaquín Díaz Mena contratar financiamiento por hasta mil 562 millones de pesos avanzó este lunes en el Congreso de Yucatán, aunque diputados de oposición insistieron en que todavía falta información para emitir un voto, mientras legisladores de Morena coincidieron en la necesidad de revisar los detalles antes de someter el dictamen a consideración del pleno.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el diputado panista Roger Torres Peniche propuso incorporar al dictamen una serie de candados para garantizar el seguimiento de los recursos. Entre ellos planteó establecer un tope de tasa con parámetros objetivos, condicionar cualquier refinanciamiento a un ahorro financiero neto comprobable y publicar, antes de cada contratación, datos como la institución financiera seleccionada, tasa, sobretasa, plazo, comisiones, amortización y costo total.
También pidió que el Ejecutivo entregue al Congreso informes trimestrales sobre el monto dispuesto, obras contratadas, avance físico y financiero, intereses pagados, saldo pendiente y participaciones afectadas.
Torres Peniche puso especial énfasis en la trazabilidad del dinero, debido a que el financiamiento se plantea como un recurso que podrá mezclarse con fondos de otros programas. Propuso que cada proyecto tenga una cuenta bancaria específica y que se prohíban transferencias entre los montos destinados a agua, seguridad, vialidades y demás obras, salvo que cualquier modificación sea conocida y autorizada por el Congreso.
Además, pidió fortalecer el comité de seguimiento previsto en la propuesta y garantizar que tenga representación plural de las fuerzas políticas, incluyendo a las distintas mayorías legislativas.
En la misma sesión, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Javier Osante Solís, se sumó a esta petición de que el comité de seguimiento incluya a representantes de todas las fracciones legislativas y a dos integrantes de las asociaciones civiles que participaron en el proceso de consulta.
Osante cuestionó además que la información solicitada por los diputados después de las comparecencias de funcionarios haya sido entregada hasta el domingo por la tarde, pese a que las presentaciones ya estaban elaboradas. Señaló que los legisladores necesitan tiempo para revisar los documentos antes de decidir.
El emecista sostuvo que, con la información disponible, los proyectos todavía constituyen “un catálogo de buenas intenciones”, pues no se han presentado de manera completa los proyectos ejecutivos de las obras que se pretenden financiar. También cuestionó que los presupuestos de 2025 y 2026 no contemplaran obras para modernizar el sistema de agua potable y criticó el incremento del gasto en comunicación social durante 2025.
La panista Itzel Falla también consideró necesario establecer con claridad los requisitos que debe cumplir el Ejecutivo para acceder al financiamiento y señaló que la información recibida será estudiada antes de tomar una decisión. Coincidió en que el comité debe ser proporcional a la representación de las bancadas y no quedar concentrado en una sola fuerza política.
Desde Morena, Alejandro Cuevas Mena defendió que el proceso se ha desarrollado de manera pública y sostuvo que las exigencias de transparencia y fiscalización son válidas. Reconoció que existen necesidades que deben atenderse en materia de agua, seguridad y movilidad, pero señaló que el financiamiento por sí solo no resolverá todos esos problemas.
Cuevas también consideró que no deben establecerse restricciones que puedan dificultar la contratación del crédito y recordó que la Auditoría Superior del Estado será la instancia encargada de fiscalizar la aplicación de los recursos. A su juicio, el comité de seguimiento debe ser representativo de las fuerzas políticas de acuerdo con la votación obtenida.
El morenista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Wilmer Monforte Marfil, planteó, que la comisión se declare en receso para permitir que continúe llegando información y que las distintas fracciones dispongan de tiempo suficiente para analizarla. Reconoció que existe una problemática de años en materia de agua y sostuvo que la decisión debe tomarse atendiendo esa necesidad, pero sin dejar de lado la revisión de la propuesta.
“Yo creo que en estos casos no no vale el cálculo político. Aquí lo que tenemos que hacer es responderle a la gente y responder de la esa necesidad”.
La sesión concluyó sin que se sometiera a votación la autorización del financiamiento. La propuesta de continuar el análisis deja abierta la discusión en la comisión, mientras las distintas bancadas buscan incorporar modificaciones al dictamen y obtener mayor información sobre las obras, el manejo de los recursos y las condiciones financieras del empréstito.
El documento analizado iincluye también lo relativo a operaciones de refinanciamiento de la deuda pública hasta por la cantidad de 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos, la contratación de instrumentos derivados de cobertura y la modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2026.
