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La Jornada Maya
24/08/2026 | Mérida
Habitantes de Chuburná Puerto, la Colectiva Salvemos las Dunas y Kanan Derechos Humanos consiguieron una nueva suspensión contra el proyecto inmobiliario Las Dunas tras promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos humanos ambientales y de participación pública en asuntos ambientales derivadas de la autorización y construcción del proyecto turístico.
Las personas demandantes y organizaciones argumentan que el Ayuntamiento de Progreso debió garantizar mecanismos de participación pública ambiental con las personas de Chuburná Puerto, previo a otorgar permisos municipales de uso de suelo, construcción y funcionamiento del proyecto inmobiliario ‘Las Dunas’.
Advirtieron que el respeto a estas herramientas constituye una obligación irrenunciable para las autoridades, quienes deben generar procesos de participación ambiental en dónde, con apego a los más altos estándares ambientales como el Acuerdo de Escazú, se expongan los daños, afectaciones, medidas de mitigación y el parecer de las personas habitantes previo a otorgar permisos de proyectos con un impacto ambiental.
A través de un comunicado, Salvemos las Dunas informó que la demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, donde se concedió la medida precautoria de “suspensión provisional” que obliga a que se deje de ejecutar la licencia de construcción y la licencia de uso de suelo relativas al complejo turístico así como cualquier otro acto de construcción tendiente a afectar el medio ambiente que rodea dicha área.
La suspensión también pide a las autoridades que implementen la metodología relativa respecto a la consulta relacionada con la construcción del complejo turístico denominado "Las Dunas, Chuburna" y establece una medida cautelar sujeta al pago inmediato de una garantía monetaria de 50 mil pesos.
“Este constituye apenas el primer paso de un prolongado proceso legal, la defensa de la costa no solo exige una considerable inversión de tiempo y la realización de trámites administrativos y legales, sino que también implica asumir gastos constantes derivados de los desplazamientos, las diligencias y, especialmente, de las garantías económicas que los juzgados nos exigen constituir para mantener suspendida la ejecución de las obras; asimismo, es altamente probable que, una vez que se dicte la suspensión definitiva, la autoridad imponga nuevamente la obligación de constituir una garantía económica por un importe igual o similar al ya exigido”, detallaron las organizaciones.
Por ello, Salvemos las Dunas convocó a una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales derivados de la defensa del territorio y llamó a la ciudadanía a realizar donaciones voluntarias para continuar con esta lucha.
“La admisión de la demanda y la medida cautelar otorgada son una victoria inicial para la defensa del territorio y del ambiente, frente a un contexto de colusión entre autoridades y capital empresarial para continuar con el despojo de los territorios y el ambiente de todas las personas en Yucatán”, resaltaron.
Además, recordaron que esta suspensión se suma a las demás medidas otorgadas por otras autoridades como la Profepa.
