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Astrid Sánchez
14/10/2026 | Mérida
Un modelo matemático desarrollado para estudiar la gentrificación en Mérida plantea el uso de impuestos adicionales como una herramienta para contener el desplazamiento de habitantes de bajos ingresos, aunque advierte que su aplicación todavía requiere información más precisa sobre la población y el comportamiento del mercado inmobiliario en la ciudad.
De acuerdo con la investigación realizada por Ricardo Lino Mancilla Corona, especialista de la UNAM, el precio de la vivienda en Mérida aumentó 176 por ciento entre 2015 y el segundo trimestre de 2026 y este encarecimiento de los inmuebles es uno de los factores que causa el desplazamiento de familias de menores ingresos, arrendatarios y pequeños comercios de barrios donde las rentas y el costo de los servicios aumentan.
El modelo fue presentado durante el seminario Procesos socioterritoriales y urbanoambientales en el sureste mexicano, organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, en el que se expuso la necesidad de analizar herramientas para evitar que los precios terminen por expulsar a quienes ya habitan esos barrios.
Mancilla Corona planteó que una tasa impositiva adicional sobre el índice de precios podría ayudar a contener el proceso o generar recursos para apoyar a la población de menores ingresos; en la simulación realizada con datos limitados, esa tasa se ubicó entre 4 y 18 por ciento por encima de los otros cargos fiscales.
El investigador advirtió que el resultado depende de supuestos que todavía no ha podido comprobar con información local y para construir el modelo asignó porcentajes a la población de bajos y altos ingresos, pero no cuenta con datos suficientes para establecer si esas proporciones reflejan lo que ocurre en la ciudad.
Por ello, planteó la necesidad de realizar un censo focalizado que permita conocer quiénes habitan las zonas donde se encarece la vivienda y cómo cambia su composición social, pues señaló que también debe definirse con mayor precisión qué se entiende por población de bajos y altos ingresos, pues no se trata de dos grupos homogéneos y las personas pueden encontrarse en situaciones económicas muy distintas dentro de cada categoría.
Ricardo López Santillán, investigador que moderó la exposición, cuestionó cómo podrían aplicarse impuestos diferenciados en barrios donde conviven propietarios con ingresos muy diferentes, pues aumentar el predial por zona podría afectar también a familias que no tienen capacidad para asumir un nuevo cobro a lo que Mancilla Corona respondió que otras ciudades han aplicado medidas por etapas, tomando en cuenta cuándo se construyeron o renovaron los inmuebles, y mencionó experiencias de Barcelona, Atenas y San Francisco.
La discusión también abordó la llegada de personas migrantes y residentes temporales, incluidas quienes provienen del extranjero o de economías con mayor poder adquisitivo, como parte de los cambios que pueden incidir en los precios y en la vida cotidiana de los barrios, los cuales deben ser incluidos en los censos.
Por otro lado, López Santillán planteó que el crecimiento de los precios parece haberse desacelerado en el Centro Histórico de Mérida y consideró la posibilidad de que el mercado esté llegando a un límite, debido a que cada vez hay menos personas dispuestas a pagar los costos de vivir en esa zona.
Mancilla Corona coincidió con este planteamiento y resaltó que los precios elevados pueden reducir la demanda y recordó que los espacios disponibles en el centro son limitados, pero señaló que no hay información suficiente para confirmar que exista una saturación ni para determinar si Mérida atraviesa una burbuja inmobiliaria, ya que parte de los datos utilizados en la exposición tuvieron que extrapolarse ante la falta de registros.
El modelo, por ahora, no ofrece una tasa lista para aplicarse ni permite anticipar cuándo podrían bajar los precios y su principal aporte es poner sobre la mesa una posible herramienta fiscal y, al mismo tiempo, mostrar cuánto falta por conocer sobre el mercado inmobiliario y la población de Mérida para diseñar medidas que frenen el desplazamiento de quienes tienen menos recursos.
