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Astrid Sánchez
20/10/2026 | Mérida, Yucatán
Las comunidades mayas de Yucatán no pueden seguir esperando a que la contaminación del agua alcance niveles de emergencia sanitaria como los que se denuncian en otras entidades del país, como Jalisco, por lo que activistas insistieron en la necesidad de frenar la expansión de las mega granjas porcícolas y exigir responsabilidades a las autoridades.
Durante una rueda de prensa, representantes de la Red Somos Agua, comunidades afectadas y Greenpeace presentaron los resultados del muestreo realizado en agosto en 17 puntos de agua de uso doméstico y agrícola, así como en algunos cenotes de Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tetiz, donde se identificaron distintos indicadores de contaminación, incluidos patógenos que pueden representar riesgos para la salud.
Los sitios muestreados fueron elegidos con el acompañamiento de habitantes de las comunidades, algunos de ellos ubicados entre 300 metros y dos kilómetros de distancia de mega granjas, donde también se reportan malos olores y presencia de moscas.
El acuífero de la península de Yucatán es especialmente vulnerable por sus características geológicas y por la conexión entre sus fuentes de agua, por lo que Greenpeace exigió prohibir de inmediato nuevos permisos para construir granjas porcícolas y ampliaciones de las instalaciones existentes, además de establecer un monitoreo ambiental permanente en pozos y cenotes, con participación de las comunidades, y garantizar el derecho humano al agua limpia y a un medio ambiente sano.
“Sería un error muy grave de la sociedad esperar a que lleguemos a los límites que están en otros estados del país. Todos saben la fragilidad del acuífero en Yucatán, todos saben las características de la zona en que vivimos… Aquí no sólo se vulneran los derechos de las comunidades, se vulnera el derecho de todo el estado”, declaró Carlos Yamá, representante de la comunidad de Kinchil.
Yamá señaló que la contaminación debe entenderse como una violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos mayas, debido a sus repercusiones en la salud, el territorio, la apicultura tradicional y las actividades de las que dependen cientos de familias.
“No tenemos que esperar a que el agua sea un foco de epidemia irreversible para frenar ese tipo de acciones que nos afectan de manera directa a las comunidades”.
El posicionamiento surge luego de que este nuevo estudio evidenciara la presencia de material fecal animal -proveniente de granjas porcícolas- en los puntos analizados. Ornela Garelli, de Greenpeace México, explicó que 13 de las 17 muestras dieron positivo a Escherichia coli, además de que se encontraron coliformes y enterococos fecales, mientras que dos muestras, tomadas en Motul y Chocholá, presentaron concentraciones de nitratos superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las normas mexicanas.
La muestra con mayor contaminación fue la número 14, correspondiente a un pozo de Texán, en el municipio de Molas, donde se identificaron sólidos suspendidos, enterococos fecales y fósforo total, entre otros contaminantes.
Aunque la metodología utilizada por Greenpeace permite identificar contaminación fecal de origen animal, no determina por sí sola que ésta provenga exclusivamente de las granjas porcícolas, por lo que Garelli explicó que los resultados deben analizarse junto con las investigaciones realizadas previamente por las comunidades, que han documentado la relación entre los desechos de estas instalaciones y la contaminación del agua.
La exigencia ocurre mientras las comunidades mantienen denuncias presentadas desde hace más de un año ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin que hayan recibido respuestas satisfactorias ni información suficiente sobre las medidas adoptadas para atender el problema.
Por ejemplo, Wilbert Nahuat Chalé, representante de Santa María Chi, afirmó que el cierre de la granja porcícola en esa comunidad no significó el fin de las afectaciones, pues los cerdos fueron trasladados a otras localidades mayas y la contaminación del agua continúa.
El representante comunitario sostuvo que Santa María Chi registra niveles de contaminación ocho veces superiores a lo normal, según los estudios a los que hizo referencia, y recordó que él mismo fue hospitalizado por salmonelosis después de consumir agua de un pozo de su comunidad.
Nahuat Chalé advirtió que las autoridades no pueden limitarse a cerrar instalaciones sin garantizar la reparación de los daños ambientales ni impedir que las operaciones se trasladen a otros territorios mayas, es por ello que las movilizaciones seguirán hasta que se garantice el derecho a un medio ambiente sano.
“El camino que vamos a llevar vamos a seguir es la lucha contra la contaminación, no podemos quedarnos cruzados de brazos, esperar que algo le pase a las a nuestros hijos, al futuro de nuestros pueblos. Seguiremos la lucha, no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir hasta que el día de mañana esas autoridades nos hagan caso porque esta situación es una cosa muy grave que está llevando a los pueblos mayas a la mortalidad”.
En tanto, Lourdes Medina Carrillo, abogada de la Red Somos Agua, denunció que las autoridades han priorizado la regularización de las granjas porcícolas en lugar de garantizar su inspección y, cuando corresponde, su clausura, pese a que existen señalamientos sobre instalaciones que operan sin autorización en materia de impacto ambiental.
La abogada recordó que en diciembre de 2022 el gobierno estatal aprobó una norma técnica para regularizar estas instalaciones y que, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información presentada por la Red Somos Agua ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán en julio de 2026, únicamente 26 granjas habían iniciado ese trámite.
Medina Carrillo indicó que un diagnóstico de la Semarnat de 2023 identificó poco más de 500 granjas porcícolas en Yucatán, de las cuales más de 350 estarían dentro del anillo de cenotes, mientras que otro diagnóstico elaborado por Mercy For Animals en 2025 ubicó más de 800 instalaciones, lo que evidencia la falta de un registro definitivo.
La Red Somos Agua también exigió transparencia sobre los procedimientos administrativos iniciados entre 2025 y 2026, las sanciones impuestas y su cumplimiento, así como investigaciones sobre la mortandad de peces reportada en una zona entre Kinchil y Maxcanú, además de información verificable sobre el traslado de cerdos desde Santa María Chi hacia otras instalaciones.
Entre las demandas de las comunidades y de Greenpeace también se encuentran la reparación integral del daño ambiental en Santa María Chi, la restauración ecológica de las zonas afectadas y la garantía de los derechos de los pueblos mayas a participar en las decisiones que puedan perjudicar sus territorios.
Los representantes coincidieron en que las denuncias deben mantenerse tanto en el ámbito jurídico como en el social, con mayor difusión de los resultados y participación ciudadana, pues consideran que la contaminación del acuífero no es un problema exclusivo de las comunidades afectadas, sino una amenaza para el agua y la salud de toda la península.
Edición: Ana Ordaz
