La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción pospuso este martes el dictamen que contendría la terna de la comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), la que será tratada en una nueva sesión, en el marco de la apertura del primer periodo de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán.
“Ayer (lunes) se atrasó mucho la elección de la Mesa Directiva por lo que no pudimos sentarnos a discutir la terna”, informó el presidente de la Comisión Alejandro Cuevas Mena (PRD).
El 27 de agosto Cuevas Mena encargó un proyecto de dictamen con una nueva terna, debido a que ninguna de ella alcanzó los votos requeridos por la Ley.
En otro orden, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Dictamen de la primera entrega de los informes individuales, correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019. En su momento, se le había solicitado a la Auditoría Superior del Estado (Asey) un resumen sobre estos informes, que el contador Jonathan García, Titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Cuenta Pública, presentó personalmente ante la Comisión.
De ese modo, declaró que los informes individuales de Auditoría generados en esta primera entrega exhiben los resultados de siete auditorías practicadas que representan el 3.2 por ciento de las 220 revisiones programadas originalmente según lo referido por la Asey en su programa anual de auditoría 2020.
“Los siete informes se refieren únicamente a auditorías realizadas a municipios, lo que significa el 6.6 por ciento del total de las revisiones de ayuntamientos, según el programa anual de auditoría de un total de 106, los cuales fueron: Chikindzonot, Kopomá, Mama, Quintana Roo, Samahil, San Felipe y Suma”, detalló.
Derivado de estos siete informes se determinaron 96 resultados de auditoría, de los cuales 26 (27.1 por ciento) fueron solventados a la fecha de presentación del informe, 32 (33.3 por ciento) no fueron solventados por los municipios y 38 (39.6 por ciento) fueron solventados parcialmente.
“De los resultados no solventados o solventados parcialmente se cuantificó un importe por nueve mil 212 miles de pesos que representó el 10 por ciento de la muestra auditada y el 7.2 por ciento del total de la población objetivo”, indicó.
Los municipios cuentan ahora con 30 días hábiles para desahogar las irregularidades, a partir de que le fueron notificadas, en tanto la Auditoría cuenta con 120 días en la solventación o no solventación de las mismas.
En otro orden, también se aprobó un nuevo proyecto de convocatoria para la designación de dos integrantes del Consejo Consultivo del Inaip, a través de la cual se convoca mediante consulta pública a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales, y sociedad en general a fin de que propongan candidatos para ocupar el cargo de consejero consultivo del Inaip, por un periodo de dos años.
Además, el Proyecto de dictamen por el que se aprueban en sus términos los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de 32 organismos descentralizados de participación estatal, fideicomisos y autónomos de 47 municipios y de nueve organismos públicos descentralizados municipales, todos del estado de Yucatán, así como el informe general ejecutivo de resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 del Estado de Yucatán.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, recordó que en sesiones pasadas se hizo una solicitud de analizar la cuenta pública de algunos municipios que habían sido indiciados por el mal uso de las firmas de sus regidores, se refirió específicamente a Chichimilá, y que siguen esperando que se desahogue y les informen que ha procedido con ese tema.
Por último, las diputadas de MC Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié presentaron un oficio sobre irregularidades en el Ayuntamiento de Tinum, debido a que habitantes de ese municipio se acercaron a esa fracción legislativa para denunciar a la alcaldesa de esa localidad por, presuntamente, haber reportado la entrega de apoyos sociales a nombre de personas que no lo recibieron. Estiman que se trata de un desvío superior a los dos millones de pesos.
Ante ello, la Comisión instruyó a la Unidad de Vigilancia de la Asey a que realice las gestiones de seguimiento respecto al oficio presentado para que sea analizado posteriormente.
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Edición: Enrique Álvarez
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Efe
