Más de 20 comunidades mayas de la península de Yucatán y las organizaciones civiles Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo19, presentaron una denuncia regional ante dependencias federales por daños ambientales, a la salud y a los derechos humanos que ha ocasionado la industria porcícola.
La demanda fue interpuesta en las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quienes presentaron evidencias de las afectaciones que las granjas porcícolas han generado y estudios como “La carne que consume al planeta”, elaborado por Greenpeace México.
Las agrupaciones civiles esperan que estas instancias investiguen detalladamente y determinen quiénes son los culpables de otorgar los permisos a estas granjas que contaminan, así como suspenderlas, sancionarlas y proceder a demandarlas en el Ministerio Público. También esperan que a partir de este proceso dejen de otorgar permisos a empresas que atentan contra el medio ambiente.
Lourdes Medina Carrillo, abogada del área de defensa jurídica de Indignación, indicó que en la denuncia expusieron los hechos que han recabado, los argumentos legales, sustentos científicos, estudios técnicos de cambio de uso de suelo que han realizado para la instalación de las granjas, violaciones a los pueblos indígenas, así como estudios de la calidad del agua, que comprueba que los pozos y cenotes están contaminados.
“No son problemas aislados de un pueblo, es un problema regional y en materia ambiental, este tipo de impactos se van acumulando y sumando […] toda esta afectación que ha generado la industria porcícola está recayendo en nuestro acuífero maya”, subrayó.
En caso de que resuelvan que hay una ilegalidad y afectación ambiental, la abogada indicó que pedirán la clausura de estas granjas y que no otorguen otra autorización en tanto las autoridades realizan un monitoreo y revisión de la situación actual y si comprueban que cometieron delitos ambientales, dar parte al Ministerio Público Federal.
A su vez, la también activista recalcó que en el documento hicieron saber que toda esta industria ha sido colocada gracias a autoridades de todos los niveles.
Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, recordó que en la península de Yucatán se encuentra 14 por ciento de todas las granjas porcícolas que hay en todo el país, y 90 por ciento carece de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Es decir, sólo 22 de las 257 que hay en la península cuentan con una MIA, no obstante, indicó que tienen evidencia de otras 400 granjas que no están registradas en ninguna base de datos y han deforestado más de 11 hectáreas de selva.
Margarita Noh Poot, integrante de Guardianes de las Semillas, explicó que esta denuncia es un tema mucho más profundo que sólo la exigencia de que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un ejercicio que busca el cuidado de la milpa en su conjunto, incluyendo los sistemas ancestrales de cultivo sustentable, cultura y tradición del pueblo maya.
Carlos Raúl Llamá Ventura, habitante de Kinchil y representante de las comunidades, expuso que el reclamo que realizan como miembros del pueblo maya es ante las violaciones flagrantes y consecutivas hacia los derechos sobre su territorio y sus formas de vida en relación con la tierra y el agua en la que subsisten.
“La primera violación que las autoridades cometen en contra de nuestros pueblos es el irrespeto hacia nuestra existencia, hacia nuestra forma de vida y hacia nuestro territorio, del cual pretenden despojarnos sin mesura alguna de forma criminal”, manifestó.
Guadalupe de Jesús Chan Poot, habitante de Tabi, municipio de Sotuta, Yucatán, explicó que este pueblo se encuentra entre dos granjas, las cuales no respetaron los límites o la mensura que hay entre Sotuta y Tabi, ya que al parecer han tocado parte del monte que le corresponde a Tabi, además han acabado con muchos árboles y contaminado algunos de los cenotes de la región.
Edición: Laura Espejo
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