Para los 106 municipios

Oscar Rodríguez
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Al concluir el plazo para que los 106 municipios del estado, junto con los poderes legislativo y judicial entregarán su catalogo de obras al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los ayuntamientos de Calcachén, Calotmul, Dizidzantun y Santa Elena fueron los únicos que no cumplieron con dicha disposición, por lo que en caso de iniciar algún proyecto para el 2016 podrá ser sometido a consulta en cualquier momento y en caso de no se aprobado por el voto popular será detenido.

Tras informar lo anterior el consejero del Iepac Antonio Matute indicó que las comunas de Dzan, Maní, Motul, Muna, Tekit y Yaxcaba informaron que no realizarán obras trascedentes para el año entrante por lo que en caso de hacerlo faltarían al marco legar y sus proyectos tendrían que ser sometidos a consulta popular en caso de que algún ciudadano lo requiera.

Precisó que la ley de participación ciudadana califica como obras trascendentales a cualquier acto o resolución de una autoridad cuyos efectos y consecuencias, puedan causar un beneficio o perjuicio directo o indirecto de manera permanente, general e importante para los habitantes, de un municipio, una región o de todo el estado.

Detalló que a partir del 15 de enero del año entrante se publicarán en la página web del IEPAC el catalogo de obras de 96 municipios que si realizaran obras en el 2016, al igual que lo entregado poder ejecutivo y legislativo.

Abundó que a partir de la fecha antes mencionada los ciudadanos que habitan las 96 comunas que realizaran obras, tendrán hasta 30 días para solicitar una consulta al IEPAC, mientras que en el caso de gobierno estatal el plazo es de 45 días.

Dijo que de acuerdo al artículo 11 apartado tercero se deberá garantizar a los ciudadanos el acceso a la documentación que sustente las políticas públicas y actos gubernamentales, en términos de la Ley de Acceso a la información para el estado y los municipios.

Finalmente consideró que con esta práctica se alienta a la participación de la ciudadanía en las acciones de las autoridades hacia sus gobernados.