Verónica Camacho Chavez
La Jornada Maya
Mérida
15 de julio, 2015
Abogado por más de medio siglo y catedrático en la UADY, José Alfonso López Manzano se declaró “un enamorado del derecho”.
En el Salón de Historia del Palacio de Gobierno, donde recibió ayer la medalla al Mérito Jurídico Rafael Matos Escobedo de manos del gobernador Rolando Zapata Bello, el galardonado expresó que “inculqué siempre a mis alumnos buscar la justicia como premisa del derecho, y que de existir conflictos entre ambos, debían siempre optar por la justicia, porque con esta se conforma la paz, la armonía y el orden social”.
El abogado nació en Mérida. Fue director de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Yucatán de 1966 a 1984. Impartió las materias de Derecho Civil I y Derecho Romano II entre 1954 y 1984.
Fue secretario primero del Tribunal de Justicia del Estado y secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Hacienda del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y magistrado suplente entre 1976 y 1989; ocupó la presidencia del Tribunal de Justicia desde 1976 hasta 1988 y fue autor de diferentes estudios de trascendencia académica, en los que abarcó tanto temas jurídicos como históricos.
Por considerar su trayectoria de cinco décadas como una aportación trascendente y un ejemplo para las personas dedicadas al estudio y práctica de la ciencia jurídica, una comisión especial de juristas decidió entregarle la citada presea.
En la ceremonia de premiación, Zapata Bello manifestó que el galardonado “ha dejado en claro la estrecha vinculación que el derecho tiene con el ser humano, desde el momento de su nacimiento hasta su fallecimiento”.
Atestiguaron el acto, además del mandatario, Marco Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; diputado Luis Antonio Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado; Luis Enrique Martín, presidente del Consejo de Notarios del Estado; Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida; Roberto Ernesto Herrera Novelo, Consejero Jurídico del Estado, y Ariel Aldecua Kuk, fiscal general del estado.
Los ejemplares se encuentran bajo algún estatus de protección y su venta es ilegal
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