Óscar Rodríguez
Foto: De la web
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 14 de septiembre, 2016
El director general del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Rubén Segura Pérez, descartó responsabilidad alguna del Registro Público de la Propiedad y Comercio, en la doble venta del Instituto Patria, denunciada por integrantes del grupo empresarial Nacer Global, mediante una inserción pagada en diferentes medios de comunicación.
Según el comunicado emitido por esa empresa, existen evidencias de que la consejera presidente del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), Susana Aguilar Covarrubias, y el hermano del ex gobernador Patricio Patrón Laviada, de nombre Francisco Antonio, así como un notario público, habrían organizado la venta fraudulenta de la institución educativa.
Al respecto, Segura Pérez, de cuyo cargo depende directamente el Registro Público de la Propiedad, aseguró que no hay indicios, hasta el momento, de que algún funcionario esa institución esté involucrado en los hechos delictuosos denunciados por Nacer Global.
“Este tema es un asunto entre particulares, nosotros hemos actuado siempre cumpliendo con el marco de la legalidad; el Registro Público de la Propiedad es un registro declarativo, no constitutivo de derechos, los derechos se constituyen cuando los particulares comparecen ante un notario público y formalizan la operación”, comentó.
Reiteró que el gobierno estatal se ha mantenido al margen de las declaraciones que han realizado ambas partes, toda vez que se trata de un tema netamente entre dos entes particulares.
“Somos muy respetuosos de cada uno de ellos y nosotros estamos esperando si existe algún tipo de denuncia o de acción ejercida por de su parte; estaremos muy pendientes para poder acatar lo que las autoridades nos digan”, señaló.
El funcionario estatal recordó que hasta el momento, sólo existe un cierre del folio ordenado por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual es un procedimiento normal cuando existe una denuncia penal.
“Esta es un situación entre particulares y nosotros estaremos muy atentos ante cualquier situación que se nos haga saber”, finalizó.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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