Paul Antoine Matos
Foto: Comunicación Poder Judicial de Yucatán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 26 de agosto, 2016
El Poder Judicial de Yucatán emitirá mañana el fallo deliberatorio en el caso del asesinato del siquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, pese a los alegatos de tortura y privación ilegal de la libertad de los acusados.
Hace dos años, el 22 de agosto de 2014, el cuerpo del siquiatra de 42 años fue encontrado en el interior de la cajuela de su vehículo, un Rogue negro, abandonado en el estacionamiento de un supermercado a la entrada de Ciudad Caucel, al poniente de Mérida.
El cadáver presentó 22 puñaladas, mientras que la autopsia indicó que murió por anemia aguda post hemorrágica secundaria a perforación de víscera cardíaca, es decir el corazón fue atacado por los asesinos.
Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al presidente del Colegio de Siquiatras de Yucatán, Luis Enrique Lara González, junto al también siquiatra Pablo Santos G., originario de la Ciudad de México.
Sin embargo, la familia de los acusados solicitó que el Poder Judicial no revelara el nombre de los indiciados, por lo que en el boletín enviado por dicha institución no se menciona a los presuntos autores del crimen.
El jueves concluyó la evaluación de pruebas. La defensa de uno de los acusados declaró que lo demostrado por los fiscales fue una simulación, pues su representado fue privado de su libertad desde el 22 de agosto, y fue objeto de tortura y expuesto a los medios de comunicación.
Manifestó que no tuvo razón para privar de la vida al siquiatra, por lo que se consideró inocente y solicitó al Tribunal Segundo de Juicio Oral, presidido por Verónica de Jesús Burgos Pérez, resuelva conforme a derecho.
El otro acusado también declaró que fue detenido ilegalmente, y afirmó que no participó en el homicidio ni se comunicó con la víctima el día referido por los fiscales. Igualmente sostuvo que la Fiscalía no pudo probar su participación en el delito, así que reiteró su inocencia.
Una de las defensas expresó que su representado no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo, porque el 16 de agosto de 2014 se encontraba en la isla de Cozumel, Quintana Roo, un hecho comprobado por testimonios desahogados ante la autoridad judicial.
La defensa aseguró que las pruebas periciales presentadas por la Fiscalía no deben tener valor probatorio, porque no se realizaron con la metodología adecuada y hubo inconsistencias en las que relacionan al acusado, algo que fue apoyado por la proyección de placas fotográficas.
La otra defensa señaló que las pruebas carecen de eficacia probatoria, por lo que la acusación de los fiscales no cumple con los requisitos establecidos, por tanto solicitó la nulidad de las diligencias realizadas durante la investigación. Si eso sucediese, no habría prueba que vincule al acusado, por lo tanto se le tendría que absolver.
La Fiscalía afirmó que con las pruebas desahogadas en el juicio, el Tribunal podrá emitir una sentencia condenatoria con las penas máximas, porque los acusados, en coautoría, llevaron a cabo el homicidio con premeditación, alevosía, ventaja y traición.
El asesor jurídico de las víctimas indirectas, es decir de la familia, afirmó que las pruebas presentadas fueron suficientes e idóneas para acreditar la culpabilidad de los acusados.
Mañana a las 9 horas, en el Centro de Justicia, se dará a conocer el fallo.
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