101 denuncias contra Sedatu

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 24 de agosto, 2016

La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa recibió 101 denuncias, las cuales fueron presentadas por personas de escasos recursos provenientes de 10 municipios de Yucatán. Los quejosos manifiestan que existen irregularidades en la asignación de 100 millones de pesos, en favor de la organización Antorcha Campesina, por parte del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), William Sosa Altamira.

Los afectados son integrantes de la Organización General Popular Campesina y en voz de su representante, Israel Rodríguez Cortés, acusaron a Sosa Altamira y al diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín de favorecer a agrupaciones de filiación priísta y hacer a un lado a personas que realmente necesitan apoyos de vivienda.

Rodríguez Cortés afirmó que, desde 2013, Sosa Altamira ha entregado millones de pesos a Antorcha Campesina, con la anuencia del entonces titular de la Sedatu a nivel nacional, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Apuntó que, a la fecha, la mayoría de los apoyos a la vivienda registran 60 por ciento de avance y a pesar de ello continúa la ayuda hacia esa organización, lo que demuestra que ésta se asigna con tintes partidistas.

“Cansados de la displicencia con la que han sido tratados por funcionarios de la Sedatu en Yucatán, más de 100 personas consideradas como parte de la población en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación decidimos presentar denuncia ante este Tribunal”, expuso.

Manifestó que en total son 700 familias las afectadas por la discriminación de los funcionarios federales; sin embargo, sólo una centena decidió emprender acciones legales para que sus derechos sean respetados.

Señaló que el trato que Sosa Altamira ha dado a los integrantes de Organización General Popular Campesina que han solicitado ser incluidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda de la Sedatu es denigrante y altamente ofensivo.

“Despliegan prácticas ilegales como el clientelismo, la opacidad y la no rendición de cuentas, lo que se traduce en ilegalidad y corrupción, favoreciendo sus intereses personales y políticos”, sentenció.

Apuntó que ante tal situación decidieron acudir al amparo de la justicia federal, con el objetivo de que ese Tribunal los apoye y las solicitudes que la delegación de la Sedatu ha rechazado sean admitidas.

“Confiamos en que al acudir ante el Poder Judicial federal logremos una vía para proteger nuestros derechos y abatir esas conductas irregulares de ciertos funcionarios públicos, que han hecho y siguen haciendo tanto daño a la sociedad”, finalizó Rodríguez Cortés.