En duda, competencia de jueces

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida, Yucatán
Viernes 5 de agosto, 2016

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY) deberán justificar ante autoridades federales los arrestos del caso Crecicuentas, ocurridos el pasado 11 de enero, debido a que habrían actuado fuera de jurisdicción, según se desprende de la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el juicio de amparo 108/2016-II.

Los magistrados estatales habrían violentado el Artículo 19 constitucional al otorgar –sin la debida motivación- las órdenes de reaprehensión con las que se detuvo a Jorge Alberto, Miguel Ángel y Claudia Rubí Argáez López, así como a la madre de éstos, Lina Rubí de Guadalupe López Conrado.

Con esta decisión del Juzgado Tercero de Distrito, los magistrados de la Sala Colegiada Penal del TSJEY están obligados a fundamentar, ante las autoridades federales, por qué se acusa de fraude a los hermanos Argáez López y a su madre, toda vez que –según se lee en el documento oficial– el caso sería de competencia federal y por supuestas violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, no así de las leyes penales del fuero común.

En los próximos días habrán de emitirse nuevas resoluciones en las que se pone en tela de juicio la competencia de los jueces estatales Jorge Andrés Vázquez Juan y Luis Edwin Mugarte Guerrero, para continuar con el caso Crecicuentas.

La Jornada Maya informó que el pasado 11 de enero de 2016, la Sala Colegiada Penal del TSJEY votó por unanimidad la revocación de la libertad por falta de elementos que se había dado a los hermanos Argáez López y a su madre, con lo que se procedió a su arresto.

El operativo, también bajo revisión federal por diversas violaciones a derechos humanos, coordinado por el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, tenía como fin evitar una serie de protestas de las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”, en víspera del tercer informe de gobierno de Rolando Zapata Bello.

En noviembre de 2014 la Fiscalía General del Estado (FGE) se declaró incompetente para investigar las acusaciones de fraude en contra de los directivos de Crecicuentas, conforme al acta 01/000299/2013 de la Dirección de Averiguaciones Previas, y acumuló las denuncias en su contra para turnarlas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En 2015, en pleno proceso electoral, las “Abuelas de la Plaza Grande” acusaron de corrupción a la ex fiscal, Celia Rivas Rodríguez, y de impedir el avance de las investigaciones al ex secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán. Al politizarse el caso, aumentaron las presiones “en busca de justicia” para los afectados por la quiebra de Crecicuentas.

De esa forma, el 11 de enero de este año la Sala Colegiada Penal del TSJEY revocó las decisiones previas en las que, por un lado, la FGE resultaba incompetente para investigar, y –por otra parte– se les había dado la libertad a los Argáez López por falta de elementos para procesarlos por los presuntos fraudes.

Ante esa decisión de los magistrados estatales, registrada en la toca penal 424/2015, el Juzgado Tercero Federal otorgó el amparo para que el TSJEY explique por qué procedieron penalmente, toda vez que carecerían de jurisdicción por tratarse de un caso que atañe a la Federación.