Textoy foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 27 de julio, 2016

La actualización de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tendrá que esperar hasta 2017, toda vez que para la priísta Elizabeth Gamboa Solís, diputada presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, los tres meses del primer periodo de sesiones correspondiente al segundo periodo de ejercicio constitucional no son suficiente tiempo para elaborar un marco jurídico de tal envergadura.

Apenas el pasado viernes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, reiteró la exigencia realizada en su pasado informe de actividades, en el sentido de actualizar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para evitar casos como el ocurrido en Tekax, donde policías golpearon y vejaron a un detenido.

En entrevista, Gamboa Solís aseguró que en el seno de la Comisión que preside existe total apertura para recibir cualquier propuesta legislativa que ayude a mejorar la calidad de vida de los yucatecos.

“Definitivamente la tortura es un hecho reprobable en cualquiera de las formas que se dé. Estamos totalmente en contra y definitivamente tenemos que trabajar de la mano de la Codhey para poner en marcha una iniciativa de ley”, expresó.

Para la legisladora, no es cuestión de “tiempos” sino de trabajar un marco legal y revisar el actual, a pesar de la postura del ombudsman estatal, quien urgió a los diputados a entrarle al tema para evitar casos como el ocurrido en Tekax.

“Casos visibles, solamente en Tekax y algún otro. No es una práctica que se dé muy común en el estado, no hay manifestaciones de que sea permanente, ni que sea de todos los días. Debemos revisar la ley que está, ver qué le falta para poder mejorarla y aplicarla en beneficio de la sociedad”, apuntó.

Indicó que el respeto a los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier acto legal realizado por parte de autoridad alguna de los tres órdenes de gobierno.

Sobre el calificativo de “letra muerta” que el titular de la Codhey aplicó a la actual legislación que sanciona los actos de tortura, la legisladora se pronunció por realizar una revisión al marco jurídico para adecuarlo a las necesidades del estado, empero, no fijó un plazo fatal para iniciar el trabajo al interior de la Comisión de preside.

“No puede ser en el siguiente período. Una ley no se hace de la noche a la mañana; hay que trabajarla y consensarla con los diferentes actores, pero sí podemos trabajarla definitivamente”, manifestó.


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