Modificar servicio social le toca a la Secretaría de Salud federal: Universidades

Ante la solicitud de entrevista sobre las exigencias de los estudiantes de las escuelas de medicina por mejores condiciones en su servicio social y saber de qué manera las universidades apoyan a la comunidad estudiantil para garantizar esto, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de su Departamento de Comunicación, indicó que el servicio social no depende de ellos, es una particularidad de la carrera y los estudios de medicina, normada por la Secretaría de Salud federal. “No depende de la universidad... no intervenimos como tal”, se explicó.

Entonces, precisaron, la dependencia firma un convenio particular con los pasantes, no con la universidad. Todo esto está regulado por la Secretaría de Salud a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, señalaron.

¿La universidad no aboga por los pasantes para garantizar las condiciones idóneas para su servicio?, se le cuestionó a la UADY. La casa de estudios detalló que participa en de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), de la Secretaría de Salud federal, donde se analizan las demandas de los pasantes desde agosto de 2020 y ahí la institución está llevando las demanda de los jóvenes.

Sin embargo, justificaron: “Por más que queramos abogar, la ley nos lo impide, sí se puede, pero se tiene que cambiar la ley y esto no depende de la universidad”.

También la universidad recalcó que se trata de pasantes, “ya terminaron sus años de estudios, y están haciendo su pasantía, una vez que concluyen su servicio social es cuando le liberan su título. No es que la universidad no quiera intervenir, lo máximo que puede hacer es acatar la ley”, explicó la escuela.

No obstante, la mencionada norma detalla que las instituciones educativas sí tienen responsabilidades con respecto al servicio social, como garantizar que se realice en lugares seguros, en conjunto con las autoridades de salud estatal y federal. Por ejemplo, en su apartado 5.1 dice que “el servicio social de las profesiones de medicina y estomatología es responsabilidad de las instituciones de educación superior y se llevará a cabo conforme a lo establecido en esta norma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Además, en el punto 6.8 señala: “Establecer con las instituciones de educación superior, las actividades de supervisión, asesoría y evaluación del desempeño de los pasantes en campos clínicos, durante las cuales se debe corroborar que los establecimientos para la atención médica cumplan con las condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento, seguridad e insumos, conforme a lo establecido en la presente norma”.

A su vez, el documento también explica que se debe dar a los pasantes atención médica, quirúrgica y farmacológica a él y sus parientes en primer grado; seguro de vida o su equivalente, el pago oportuno de la beca y apoyos que correspondan, así como  atender de inmediato, en coordinación con las instituciones de educación superior y la participación que corresponda a las autoridades competentes de la localidad, las denuncias o quejas, tanto del pasante como de la comunidad, por actos u omisiones que afecten la prestación del servicio social o pongan en riesgo la integridad física del pasante en el campo clínico, a fin de implementar las medidas oportunas para su solución.  

El documento es claro: se debe determinar que los establecimientos para la atención médica reúnen los requisitos para constituirse como campos clínicos, así como requerimientos mínimos de infraestructura e insumos; deben contar por lo menos con un área exclusiva para habitación, descanso, alimentación y aseo de los pasantes en condiciones de privacidad y seguridad; o en su defecto, un lugar en la localidad que cumpla con lo referido, sin costo para el pasante.

De igual manera, se solicitó una entrevista al director de la Facultad de Medicina de la UADY, Carlos Castro Sansores, sin embargo, su vocero comentó que no sería posible, no obstante, en junio del 2019, en una publicación de La Jornada Maya, comentó que el servicio social “ya está obsoleto”. Además, en ese tiempo, reconoció las adversidades de los pasantes, pues dijo que deben acudir a alguna comunidad rural donde muchas veces no hay acceso a muchos servicios, por lo tanto, no puede desempeñar su labor de manera óptima; tiene que pasar por situaciones adversas cuando aún está terminando su formación.  

En un breve comunicado, José Manuel Echeverría y Eguiluz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, comentó: “Como universidad, rechazamos cualquier tipo de violencia y compartimos la necesidad de garantizar la seguridad no sólo de los Médicos Pasantes en Servicio Social sino de todos los mexicanos”. En cuanto a las exigencias de los estudiantes de medicina en Yucatán para lograr mejores condiciones y garantizar su seguridad al ejercer su servicio social, dijo que están conscientes de que, para lograr un cambio sustancial se requiere del esfuerzo conjunto de las universidades, así como de los tres niveles de gobierno “y de todos nosotros como sociedad, para combatir la violencia y procurar el bienestar social”.

Miguel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista, comentó que se debe hacer un trabajo bien planeado: “No es salir a decir solucionemos de tal forma, hay que hacer un plan integral, sentarse con las autoridades, porque al final de cuentas mucho depende de las autoridades”.

Lo que hemos hecho, añadió, es dotar de ciertos equipos de protección, pero “mucho depende de ellos (autoridades)”, insistió.

“Hay que sentarnos a platicar y hacer acciones, plan integral; mucho de lo que se tiene que hacer es por necesidades de tener médicos en comunidades”, subrayó, aunque no precisó qué tipo de acciones contendría este plan, ni los objetivos para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Baquedano Pérez subrayó que hay que sentarse y determinar cuáles son las posibilidades de cada institución, dependencia, para organizar mejor el servicio social; pero hay mucha oportunidad de mejora, reconoció.

Edición: Ana Ordaz