Luego de que activistas de la comunidad LGBTTTI entregaron una queja en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, del estado, contra el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega, por sus declaraciones discriminatorias, el titular de dicha dependencia, Víctor Hugo Lozano Poveda, informó no son la instancia adecuada para atender su queja, por lo que exhortó a las personas a acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).
Aunque dijo que sí tiene conocimiento del documento, el funcionario indicó que no tienen las facultades legales para proceder, ni pueden coartar la libertad de expresión de nadie. “Somos muy respetuosos, entendemos la pluralidad como un valor que la da la sociedad, en ese sentido nosotros vamos a tomar conocimiento, desde luego este asunto debe ir a las instancias correspondientes y no somos quienes para coartar la libertad de expresión de nadie y tampoco para conocer de este tipo de asuntos”, manifestó.
El pasado 17 de febrero, Rodríguez Vega, declaró que las “parejas del mismo sexo que vivan juntos siempre las ha habido y siempre las habrá. Está muy bien buscar el velar por los derechos humanos de estas personas, adelante, que se cubran sus necesidades, pero no llamar matrimonio a lo que no es matrimonio”, además, se refirió a la comunidad LGBTTTI como una “minoría ruidosa”, por lo que pidió que “se escuche realmente a las mayorías”.
El presidente de Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, A.C. (DCyDS), Alfredo Morales Candiani dio a conocer en sus redes sociales, que el 22 de febrero, entregaron un documento para expresar su queja en contra del ministro de culto por sus declaraciones discriminatorias contra de las poblaciones de la diversidad sexual en el estado de Yucatán.
El ministro de culto, señaló el activista, se niega a reconocer que desde el año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que se trata de un derecho declarado como constitucional, con validez en todo el territorio nacional, por lo que no es un asunto a discusión.
Su libertad de expresión, puntualizó, "está en función del respeto a la reputación, libertad y derechos de los demás”, comentó.
“Exigimos respetar el principio histórico de separación del Estado y las iglesias y sancionar las violaciones a la ley en materia de asociaciones religiosas, así como de promover el ejercicio de los derechos humanos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación contemplada en el artículo primero de nuestra Constitución”, expuso.
Sin embargo, Lozano Poveda indicó que la labor de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos no puede sancionar o condenar actos discriminatorios de líderes religiosos, sino que su labor está encaminada “en función de la gestión que podamos realizar junto con los líderes religiosos del estado y tener un registro de las actividades que se realizan en materia religiosa”, justificó.
Por lo tanto, sugirió que mejor acudan a la Codhey, u otra instancia que pudiera conocer legalmente de este tipo de temas, no obstante, insistió en que haya pluralidad en cuanto a la “sintonía en la cual la paz social se reproduce en Yucatán...todos tenemos que aportar y ser tolerantes”.
¿Considera que las declaraciones del arzobispo sí fueron discriminatorias y vulneran los derechos de la comunidad LGBTTTI?, se le preguntó. “Yo creo que si todos nos entendemos en un marco en el cual debemos de respetar a los demás y de entender la pluralidad, creo que vamos a avanzar mucho como sociedad”, respondió.
No es el momento de encrespar ánimos, ni radicalizar posturas, al contrario, son momentos, precisamente por la pandemia, que tenemos que entender los valores sociales y humanos que nos está dejando esta nueva realidad, agregó.
Edición: Laura Espejo
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