Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán, Eduardo López Calzada, aseguró que esa dependencia federal no está interesada en frenar o inhibir inversiones en el Centro Histórico de la capital yucateca; pero se tienen que realizar bajo las normas que garantizan la preservación del patrimonio de todos los mexicanos.
Y es que en diversos foros, empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por Juan José Abraham Dáguer, han manifestado su inconformidad por el actuar del INAH en torno a proyectos de inversión en el Centro Histórico que necesitan la autorización de la dependencia federal.
En entrevista con La Jornada Maya, consideró que sería un despropósito pensar que el Instituto tenga como objetivo inhibir los esfuerzos de los empresarios para desarrollar de proyectos en un ámbito declarado como zona de monumentos históricos.
Al referirse al [i]videomapping[/i], que presuntamente se suspendió por disposición del INAH, el delegado señaló que el Ayuntamiento de Mérida tampoco se acercó a la dependencia federal a pedir opinión alguna e incluso nunca le consultó al arzobispado de Yucatán, que actualmente mantiene el resguardo del inmueble, para realizar tal evento.
“Nosotros, como parte de la revisión, también solicitamos saber si tenía el visto bueno de la Arquidiócesis de Yucatán y a nosotros nos manifestaron que no tenían conocimiento”, indicó.
Recordó que actualmente existen más de 4 mil predios en el primer cuadro de la ciudad que son considerados patrimonio de la nación, los cuales deben contar con la autorización de la dependencia para realizar cualquier proyecto de restauración.
Subrayó que el propósito primordial del Instituto es conservar no inhibir; “en ese sentido, nosotros siempre les hemos manifestado que nos podemos sentar a platicar”, comentó.
Expuso que la delegación bajo su cargo estará siempre dispuesta a participar de manera propositiva con la experiencia acumulada durante años en materia de preservación y rescate del patrimonio de los yucatecos.
“No se cancela la posibilidad de flexibilizar los mecanismos de revisión, de acortar los tiempos, es uno de los objetivos que tenemos como servidores públicos y ese es el propósito esencial”, manifestó.
El gran reto es lograr una sinergia entre los intereses de los empresarios que buscan invertir sus recursos y la conservación de edificios que guardan un gran valor cultural.
“Finalmente se resolverá con un diálogo directo, para hacer un análisis de factibilidad de estos proyectos específicos, que realmente contribuyan al desarrollo de Mérida, de Yucatán y del país”.
Señaló que desconoce a detalle los proyectos reclamados por los empresarios que, supuestamente, han generado la pérdida de una inversión superior a los mil millones de pesos.
“Tenemos una normatividad para la realización de proyectos. Siempre buscamos que sean coherentes, que se integren al ambiente urbano, que contribuyan al desarrollo económico”.
Comentó que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento formal por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para atender la problemática de los 10 proyectos que fueron intervenidos por la dependencia federal. “Nunca pidieron opinión”, concluyó.
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