Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
2 de marzo, 2016
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Celia María Rivas Rodríguez presentó, durante la sesión de ayer, una iniciativa de reforma de la Constitución Política del Estado de Yucatán para crear el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La propuesta tricolor se une a otra iniciativa que presentó la bancada del Partido Acción Nacional el 19 de enero pasado, a través del diputado, Rafael Montalvo Mata.
En su discurso, la diputada priísta, recalcó que es obligación de esta Legislatura armonizar las leyes relativas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la reforma a la Constitución federal.
Rivas Rodríguez aseguró que la premisa principal de la iniciativa es que los funcionarios públicos y los sujetos obligados abonen a la transparencia.
“No se puede hablar de un Estado democrático sin la rendición de cuentas o la falta de mecanismos para que los ciudadanos accedan a la información pública, y puedan así conocer y calificar los resultados de sus gobiernos”, señaló.
[h2]Protección a víctimas[/h2]
La bancada del PAN, a través de la diputada Beatriz Zavala Peniche, presentó una iniciativa para adicionar y reformar la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito en Yucatán, con tal de resarcir la omisión legislativa en relación a la reparación del daño en casos de ataques a los derechos humanos.
Zavala Peniche recordó que mediante una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 10 de junio del 2011, se obliga a todas las autoridades a reparar las violaciones a los Derechos Humanos.
“Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor. Eso es parte del derecho a la reparación”, indicó.
La iniciativa también propone la creación de un fondo general de reparaciones a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
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