La Jornada Maya

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

26 de febrero, 2016

El tufo de la corrupción se percibe con la presunta donación de cientos de hectáreas a un particular originario de Quintana Roo, en el municipio de Ucú, coincidieron en señalar diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), de la LXI Legislatura local.

Trascendió en diversos medios de comunicación local y regional que el titular de la delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional (RAN), Cástulo Ramírez García, admitió que Manuel Alberto Guillermo Molina, originario de Quintana Roo sí es el propietario de 630 predios que suman 154 hectáreas en el municipio de Ucú.

La semana pasada se dio a conocer que “gracias a una posible componenda entre autoridades federales y los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán, le regalaron 154 hectáreas de tierra, propiedad de la nación, a un joven de sólo 26 años de edad. El regalo incluye casi en su totalidad al municipio de Ucú”.

Al respecto, el diputado panista Rafael Gerardo Montalvo Mata exigió una investigación al respecto, a la vez que calificó el hecho como grave y recordó que el senador albiazul Daniel Ávila Ruiz ya interpuso una denuncia sobre tales hechos.

“Es un tema grave, hay varios delitos implicados, hay tráfico de influencias. Hasta donde tenemos entendido, el senador Ávila Ruiz interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. Yo creo que tienen que caer los responsables. No puede ser que se le despoje de sus terrenos a todo un pueblo como Ucú y más por cuestiones políticas. Estaremos dando puntualmente seguimiento a esto”, abundó.

Precisó que desde la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zona Metropolitanas analizarán qué acciones tomar al respecto para que el patrimonio de los ejidatarios de esa población no sea robado por un particular.

“Definitivamente pedimos que se aplique la ley, no puede haber un atraco tan grande y tan obvio como se le está haciendo a los habitantes de Ucú”, subrayó.

Abordado por separado, el perredista David Zavala Barrera consideró que tal situación no es nueva en la entidad, pues los grandes consorcios empresariales se aprovechan de los campesinos y les compran sus tierras a “precios de hambre”.

“Llama mucho la atención que se haya dado a título gratuito, como sucedió, y no sólo fueron 10 hectáreas, sino cientos. Creo que la autoridad responsable debe informar; no quiere decir que estén involucrados para delimitar responsabilidades, es el gobierno estatal, necesitamos una respuesta pronta, clara y precisa sobre este tema para saber qué está sucediendo con este caso”, cuestionó.

Por su parte, el diputado único del Panal, Marbellino Burgos Narváez, exigió que se realice una investigación respecto a este problema y que en caso de existir algún ilícito, éste se castigue conforme a derecho.

“De entrada ver de quién es la responsabilidad y quién hizo la donación, es algo que tenemos que investigar. Que se deslinde en qué áreas de jurisdicción está, si se donó o es una venta. También para que clarifique qué fue, porque ahí está la laguna”, finalizó.


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