La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Notimex
5 de febrero, 2016
El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) repatrió en el primer mes de este año los cuerpos de seis yucatecos fallecidos por diversas causas en Estados Unidos, quienes fueron devueltos a sus lugares de origen.
La directora del Indemaya, Rosario Cetina Amaya, expuso que se trató de cinco adultos repatriados: cuatro hombres y una mujer.
Detalló que dos eran originarios de Mérida y fallecieron por complicaciones propias de enfermedades que padecían, otras dos personas murieron por causas naturales, y los restantes también padecían viejas dolencias.
La comisaría de Kiní, municipio de Motul y Tekax; fueron su último destino, pues ellos mismos pidieron, como última voluntad, que sus cuerpos yacieran en Yucatán, su tierra, cerca de su gente”.
Explicó que a través del Consulado de Estados Unidos en Yucatán se realizaron los trámites para que los cuerpos fueran devueltos a sus lugares de origen y entregados a sus familiares.
También destacó otro caso sucedido en diciembre pasado, cuando un joven yucateco, originario de Mérida, de unos 20 años de edad, intentó llegar a la Unión Americana a través de la ciudad de Arizona.
“Cuando estaba por lograr entrar a Estados Unidos fue detectado por personas que tienen odio a los mexicanos, lo detuvieron, le dieron una golpiza y lo lastimaron”, agregó.
Agentes de Migración de Estados Unidos rescataron al joven, quien fue trasladado a un hospital donde fue atendido y, una vez recuperado de sus lesiones fue devuelto al territorio mexicano, esos son los riesgos de quienes van en busca del sueño americano, indicó.
Precisó que con el apoyo de los presidentes municipales del interior del estado, desde 2015 emprendieron una campaña para orientar a la población a buscar oportunidades de vivir en el estado y olvidarse de arriesgar sus vidas por ir a Estados Unidos.
Por otra parte, Cetina Amaya comentó que el año pasado, el estado captó 135 millones de dólares por las remesas que 185 mil yucatecos enviaron a sus comunidades de origen.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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