Tras recursos de Punta Laguna, acusan a empresarios

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

20 de enero, 2016

El agua, siempre el agua. El recurso hídrico es atractivo para las inversiones que buscan reindustrializar el estado de Yucatán; ahora el Ejido Valladolid se convierte en un punto donde los ejidatarios acusan a empresarios, específicamente a su asesor jurídico, el abogado Rafael Acosta Solís, de despojar las tierras en Punta Laguna, a través de amenazas vía policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Yucatán e impidiendo la entrada de los ejidatarios inconformes a las asambleas convocadas.

Antonio Abam Cocom, Armando Hoil Uicab, Orlando Cauich Hoil, José Natividad Cupul y José Matilde Cervera Dzul, cinco de 380 ejidatarios inconformes con la repartición de las tierras, así como el asesor agrario, Víctor Sosa Poot, convocaron a los medios de comunicación en Mérida, en el Café Royal, ayer, manifestaron que las acciones llevadas a cabo por Acosta Solís han sido en la ilegalidad. La denuncia en prensa se da días después de que 20 hectáreas del mangle Tajamar, en Cancún, fueran arrasadas por la voracidad de empresarios de la vecina entidad, mismos a quienes señalan los campesinos yucatecos.

Hoil Uicab declaró que los empresarios, a quienes no pudo reconocer por sus nombres, detrás de Acosta Solís se interesan en el agua y los recursos naturales que tienen las cinco mil 300 hectáreas de Punta Laguna, parte del Ejido Valladolid que abarca Yucatán y Quintana Roo, entre lo que se incluyen cenotes, ruinas arqueológicas, jaguares, tigrillos, monos araña y pumas, entre otros.

Recordó que en diversas asambleas ejidales se les ha impedido ingresar a la misma, a través del uso de la fuerza pública estatal, que les han esposado para evitar su participación. Para que sea válida, estos eventos deben contar con la presencia total de los ejidatarios, apuntó. Incluso, la SSY ha ingresado a la casa ejidal, un suceso calificado de ilegal, añadió.

Indicó que el 25 por ciento de los ejidatarios a favor de la división de las tierras, y su posterior venta, aunque coartados a través de sobornos y beneficios económicos. Aban Cocom acusó al comisario ejidal y su tesorero de cómplices de la corrupción, recibiendo sobornos.
Manifestó que la llegada de Acosta Solís rompió con la tranquilidad entre los ejidatarios, e iniciaron los problemas entre los campesinos.

El asesor agrario Sosa Poot reveló que se han interpuesto seis demandas jurídicas en contra de las asambleas realizadas, además de que Acosta Solís cuenta con una demanda penal.

Rafael Acosta Solís, ex subprocurador, ha sido acusado en varias ocasiones por despojo de tierras, en Hunucmá, así como difamación y calumnias, en Yaxcucul, por los mismos ejidatarios de ambas poblaciones. También se le ha vinculado a la usurpación de la hacienda “Chucmichén”, entre Dzilam González y Temax.

Según el boletín número 078 del 5 de junio de 2012, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Yucatán 57 por ciento de la tierra es propiedad social, es decir, que pertenece a ejidatarios y campesinos mayas, publicó [i]La Jornada Maya[/i], con la autoría de Eduardo Lliteras Sentíes, el 21 de octubre pasado.

[h2]Pacífica advertencia[/h2]

Aban Cocom, así como sus compañeros ejidatarios, advirtió que continuarán con las protestas pacíficas, incluso amenazó con acudir a Mérida, frente al Palacio de Gobierno, para manifestar su inconformidad, al sentirse ignorados por Rolando Zapata Bello, titular del Ejecutivo estatal.

“Queremos que Rolando Zapata sepa lo que sucede al ejido, sentimos que no somos tomados en cuenta por ser campesinos y ser pobres”, aseguró Hoil Uicab.

Con gravedad en su voz, Aban Cocom aclaró que no permitirán que topógrafos acudan a Punta Laguna a registrar las medidas, incluso afirmó que un grupo tamaulipeco, cuyos empleados se identificaron por haber sido enviados por el gobierno del estado arribó al lugar, pero ellos les impidieron llevar a cabo su labor.

Señaló que hay campesinos ignorantes de que los árboles de la zona tienen placas, por lo que al cortarlos son multados por 30 mil pesos, cantidad que no tienen.

Investigadores y asociaciones civiles han declarado en diversas ocasiones su apoyo a los ejidatarios para el mantenimiento de Punta Laguna, por sus propiedades ecológicas.