Crecicuentas tiene grado político

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

13 de enero, 2016

Tras el anuncio de la detención de los hermanos Argáez López, principales involucrados en el presunto fraude de Crecicuentas, el nombre de Víctor Caballero Durán, actual secretario de Educación de Yucatán, volverá a ser cuestionado sobre el hecho, debido a que se le vincula con la caja de ahorro en unos documentos de la empresa.

El pasado 8 de enero, cinco días antes de que se supiera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, La Jornada Maya tuvo la oportunidad de entrevistar a Caballero Durán sobre diversos temas políticos, entre los que se incluyó el caso Crecicuentas, que a continuación se presenta.

-¿Qué opina del caso Crecicuentas?

-Es un problema que tristemente afecta a varias familias. No es exactamente de la dimensión que algunos han pretendido hacer, pero hay familias afectadas que desgraciadamente han recibido una orientación que lo que busca es el escándalo por encima de la solución del problema.

Yo lo he dicho con toda claridad, sí fui asesor de esa empresa, pero eso fue ya hace muchos años. Fui cliente, como ellos fueron clientes. Es decir, qué tenía que hacer el cliente; obtener un crédito pero también pagarlo. Fui socio de uno de ellos, sí, pero esa sociedad acabó desde el 2007. Nunca he recibido ningún recurso distinto ni nada por el estilo.

Creo yo simplemente que es un escándalo en el que se me ha involucrado porque se asume que, como secretario de Gobierno, tuve algo que ver para que no se resolviera, pero no dicen que siendo secretario de Gobierno se aceptaron todas las denuncias, se les dieron facilidades, se consignaron expedientes, se giraron órdenes de aprehensión, se dictó auto de formal prisión, pero también hay resoluciones de los jueces federales que dicen que el tema no es de carácter penal, es de carácter mercantil.

Entonces en ese sentido, incluso ha habido declaraciones de profesionales del derecho que lo han explicado con claridad. El tema es jurídico, pero no penal. Es un tema mercantil. Sin embargo, hay quienes han preferido el escándalo por encima de buscar una solución legal.

-¿Quién busca el escándalo? ¿Quién mueve a estas familias afectadas para que se produzca el escándalo?

-Yo a quien he visto que ha hecho señalamientos públicos es a un senador del PAN. No puedo decir que él esté detrás, pero él ya ha hecho denuncias, acompañado por una persona de este grupo, que debo de decir que también es panista; trabajó en el ayuntamiento de Mérida. Es decir, tiene un componente político.

Pero, lo más importante aquí, es que yo no tengo absolutamente nada que ver y los hechos lo demuestran, porque si no ahorita habría otro tipo de circunstancia.

Desafortunadamente es un tema que tiene que buscarse una forma de resolver porque sí hay familias afectadas y tiene que buscarse a los que realmente afectaron, que son los dueños de la empresa, que yo digo que están en una zona de confort, porque nadie dice quiénes son ni dónde están; prefieren hacer otro tipo de cosas, de manifestaciones. ¿Dónde están realmente las personas que los afectaron?

-El reportaje de Televisa se publicó en abril de 2015, justo a días de haber iniciado el proceso electoral, ¿fue coincidencia?

No lo creo, es parte de lo mismo.

-¿Considera que le podría afectar en alguna aspiración a cargo público de elección popular en el futuro?

-Yo espero que no. Yo he sido muy claro, muy transparente en el tema. No tendría cara de enfrentar algo, ni siquiera esta responsabilidad. Preferiría separarme e ir y defenderme, y aclararlo, pero si no hay nada qué defender ni aclarar. Se trata de un escándalo que tiene un alto grado político, esa es la realidad.

-¿Qué piensa cuando ve a las abuelas de la Plaza Grande protestando frente al Palacio de Gobierno?

-Que es muy lamentable que las utilicen. Es muy lamentable que las engañen. Pero volvemos a lo mismo de la crítica y la tolerancia; hay que verlo como una expresión, la cual tienen derecho de hacer.

Yo no quisiera que eso sucediera, pero tienen derecho a hacerlo.

-¿Cómo evitar que nuevos casos de supuesto fraude, de este tipo, se presenten en Yucatán?

-En Yucatán yo creo que no hay ningún fraude. Lo que no se ha sabido es recuperar el dinero, que es lo que yo en varias ocasiones le he planteado a abogados. Esta gente invirtió el dinero, y ese dinero se invirtió en otra cosa. Entonces lo que hay que ver es dónde está invertido para recuperar el capital y que después se pueda cobrar.

¿Me explico? Nadie agarró el dinero y se lo llevó, sino que el dinero está invertido en otro lado.

-¿Como si lo hubieran metido al banco?

-Al banco, y el banco lo colocó en otro lugar, entonces lo que tienen que hacer es recuperarlo para que ellos puedan cobrar. Tienen que hacer la parte jurídica para que eso suceda. Mientras eso no se haga no hay forma.

[h2]Ex fiscal[/h2]

La ex fiscal general del estado, Celia Rivas Rodríguez, hoy diputada local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación política del Congreso del estado, a quien también señalan las Abuelas de la Plaza Grande como involucrada en el fraude, expresó ayer, durante la presentación del nuevo centro de convenciones, que “esto se trató de una reaprehensión, motivo de un recurso que en mi administración se interpuso. Es un paso más en el proceso jurídico que se está llevando y ojalá todo llegue a un buen término”.