Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 12 de diciembre, 2018
Integrantes de la familia de iniciales A.L. señalados por cientos de personas como los responsables de un millonario fraude orquestado desde el 2012 por la caja de Ahorro y Préstamo Crecicuentas contra 67 personas, podrían salir libres en un plazo no mayor de 48 horas luego que su defensor publico solicitó a la jueza primero de lo penal, Rubí González Alpuche, el cambio de medidas cautelares basadas en el nuevo sistema de justicia penal, donde el ilícito por el que se les juzga es considerado como no grave.
La mañana de este martes en las instalaciones de los juzgados del viejo sistema de justicia penal, se desahogó la diligencia solicitada por el defensor de los cuatro indiciados de nombres Miguel Angel A.O.; Lina Guadalupe L.O.; Claudia A.L. y Andrea A.L.
De acuerdo con información proporcionada por la oficina de comunicación social del Poder Judicial, este martes se desarrolló en el juzgado primero de lo penal del antiguo sistema de justicia, una audiencia donde el defensor público de los señalados, solicitó el cambio de medidas cautelares para que pasaran en libertad su proceso, ya que actualmente se encuentran internados en el penal de Mérida.
En respuesta la Fiscalía General del Estado, la ministro público Guillermina Pinzón solicitó que de aprobarse la medida, se les condicionara a que no abandonen el estado.
Tras escuchar las exposiciones de la Fiscalía y de la defensa, la juez dio por desahogada la diligencia por lo que tendrá un plazo de 48 para determinar si les otorga o no ese beneficio.
Un grupo de defraudados de la empresa Crecicuentas encabezados por Raquel Angulo se apersonó en los juzgados con la finalidad de protestar en contra de una virtual liberación de los cuatro acusados.
Con pancartas en mano, expresaron su inconformidad por la posibilidad de que los presuntos defraudadores quedarán en libertad y reiteraron sus acusaciones contra el ex funcionario en el gobierno de Rolando Zapata Bello, Víctor Caballero Durán.
Como hemos informado, en el 2012 la caja de Ahorro y Crédito Crecicuentas se declaró en bancarrota, lo que generó un desfalco superior a los 800 millones de pesos en perjuicio de cientos de socios de esa empresa.
Hasta el momento solo los cuatro integrantes de la familia A.L. se encuentran bajo proceso tras ser arrestados el 24 de septiembre de 2018 y declarados formalmente presos cuatro días después.
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