Activistas clausuran oficinas de la Codhey

Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Domingo 25 de noviembre, 2018

La violencia feminicida no para en Yucatán, lo cual quedó en evidencia con el asesinato de Lucero G.B., presuntamente a manos de su esposo Alejandro N.C., ocurrido la semana pasada, por ello activistas acudieron este fin de semana a las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para clausurarla de manera simbólica, pues consideran que la institución ha sido omisa y su silencio es cómplice de la muerte de decenas de mujeres en los últimos siete años.

Integrantes de varias organizaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional Feminicidio, acudieron a las oficinas de esa dependencia para evidenciar que ese organismo ha sido omiso y corrupto, pues protegen a autoridades que han violado los derechos humanos.

“Nunca se pronuncian ante los feminicidios y las violaciones de niñas y mujeres”, manifestaron las activistas que fueron encabezadas por Nancy Walker Olvera y Adelaida Salas Salazar.

Precisaron que en Yucatán tan se registro 9 dolorosos casos de feminicidio en el 2017 y 6 en este año.

“Es un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres yucatecas ante un séptimo lugar en violencia física y segundo lugar en abuso sexual y violaciones a niñas”, expusieron.

Solicitaron que de manera coordinada con el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres, y que el nuevo gobierno estatal combata, sancione e implemente acciones que lleven a la erradicación de la violencia contra las mujeres mediante un eje transversal y una prioridad en su agenda política.

Aclararon que decidieron clausurar la Codhey por no procurar justicia ni dar atención a las víctimas, por ser omisa y violar su propia Ley al no emitir sus recomendaciones, por no pronunciarse ante la desaparición de niñas y mujeres desaparecidas.

Finalmente, señalaron que es organismo revictimiza, cuestiona y difama a las víctimas y sus familias, además de existir una evidente diligencia en la investigación de las quejas presentadas y la ausencia de denuncias por la falta de acceso a la justicia en la mayoría de los casos.