Granja porcícola debió consultarse con pueblos mayas: Adelfo Regino

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 31 de octubre, 2018

El proyecto de la granja porcícola de Homún, construido y desarrollado por Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), viola la ley porque no consultó a las comunidades indígenas, manifestó Adelfo Regino Montes, quien sería titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), durante el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado sobre el caso Homún, durante una visita a la entidad para el foro sobre el Tren Maya en la UADY, Regino Montes declaró que “estamos ante el incumplimiento de una ley. En este caso el artículo sexto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que claramente establece el deber del Estado de consultar medidas administrativas y legislativas, que sean susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas”.

“En este caso, al establecerse un proyecto porcícola, que es la consecuencia de un conjunto de medidas administrativas, esto debió haberse consultado a los pueblos y las comunidades directa e indirectamente afectadas”, expresó.

“Por lo tanto estamos ante la violación de una ley. Por eso, en este caso, tienen razón las comunidades que han acudido ante las instancias jurisdiccionales”, manifestó.

Afirmó que a partir del primero de diciembre se revisarán cada uno de los proyectos y sobre todo las afectaciones que tienen hacia los pueblos y comunidades indígenas, a la luz del Derecho nacional e internacional, según el marco normativo.

“No permitiremos que siga esta dinámica de afectación de los derechos de los pueblos indígenas. No vamos a seguir arriesgando, no vamos a permitir que se siga menoscabando el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en aras del negocio o en aras de un interés particular”, declaró.

Las nuevas definiciones, necesariamente, tendrán que cumplir con el deber de la consulta y con el derecho a ser consultados en cada una de las medidas administrativas y los proyectos en cuestión.

“Haremos una revisión exhaustiva de cada uno de los proyectos para ver si se cumplió con normatividad establecida, en función de eso tomar como instancia federal las determinaciones que corresponda”, afirmó.

Uno de los derechos y deberes debe ser materia de consulta y participación, porque son susceptibles de afectar a las comunidades, estableció. “Una de las premisas del nuevo gobierno de la República es la participación y la consulta a nuestros pueblos y comunidades”, expresó.

“Cumpliremos esta premisa en todos sus términos, y aquellos proyectos y acciones que se hayan hecho sin cumplir con este deber, seguramente serán sometidos a revisión por parte de las instancias administrativas y jurisdiccionales existentes”, advirtió.

Reconoció que sabe de proyectos que afectan a las comunidades indígenas de la península de Yucatán, tanto la granja porcícola de Homún como la siembra de soya transgénica en Campeche, los cuales han sido sin consulta a los pueblos mayas.

“A partir del primero de diciembre seremos cuidadosos y cautelosos porque queremos cumplir la ley, queremos que haya participación y consulta a nuestros pueblos y comunidades indígenas en este tipo de proyectos específicos”, apuntó.

Con el tren maya, dijo, la premisa del gobierno federal es la participación y la consulta, es un tema que venimos a anunciar. Una estrategia en esta dirección.

Queremos una participación efectiva de la gente, los pueblos y comunidades en proyectos, y una distribución justa con los beneficios, enfatizó.