Juan Manuel Contreras
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Sábado 13 de octubre, 2018
El tres de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inserción de los alumnos que padecen alguna discapacidad al Sistema Educativo “regular”, dando pie a que desaparezcan instituciones dedicadas a la enseñanza de infantes con dichas características, como los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Dicho decreto se efectuó en aras de la inclusión, es decir, bajo la premisa de que los niños y niñas que sufren discapacidad tienen derecho a recibir una educación “normal” y por ende, compartir las aulas con alumnos que no requieren algún tipo de tratamiento en específico.
La iniciativa fue propuesta ante el Senado de la República por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
“Es fundamental para la Iniciativa exponer la problemática en cuanto al acceso a la educación por parte de las personas con discapacidad lo cual repercute directamente en su desarrollo y los sitúa en una evidente desventaja en comparación de sus pares sin discapacidad”, reza el documento turnado al legislativo.
El Anexo Estadístico de la Pobreza 2010-2016 establece un comparativo en cuanto a las carencias sociales que enfrentan las personas con discapacidad en relación a las que no la tienen; y expone que el 48.7 por ciento de las personas con discapacidad presenta rezago educativo, en contraste del 17 por ciento que registraron los que no la padecen.
Ante este panorama, la senadora propuso reformar el Artículo 41 de la Ley General de Educación en el sentido de establecer que la educación especial será una medida excepcional, optativa y temporal que tendrá como finalidad la incorporación del educando a la educación regular.
En Yucatán, dicha iniciativa ya comenzó a manifestarse, pues en un documento en poder de La Jornada Maya, la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado -dirigida por Lizette Mimenza Herrera- se dirige a la titular de Educación Básica, Carlota Storey Montalvo para comunicarle la situación.
Luego de comunicarle lo ya expuesto con antelación, la misiva declara la inconstitucionalidad de la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular -para todos los alumnos- y otro especial para las personas con discapacidad.
“Ante esta resolución es posible que, en ese sentido y en un futuro próximo, se propicien los consecuentes cambios y se ajuste la normativa educativa local”.
El tema de la desaparición de los institutos de Educación Especial será abordado ésta tarde durante el Foro de Consulta Estatal Participativa: Educación para el Bienestar, que se llevará a cabo en el Poliforum Zamná a partir de las 18 horas y en donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de emitir propuestas que pasarían a integrar las políticas educativas del gobierno en puerta.
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