Juez ratifica suspensión definitiva de mega granja en Homún

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 11 de octubre, 2018

La juez titular del juzgado cuarto de distrito, Miriam Camara Patrón, estableció que el gobierno de Yucatán, tanto el Ejecutivo como la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), deben ordenar de manera inmediata la paralización de la granja de cerdos de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) en el municipio de Homún.

En un período de dos días, a partir de este viernes, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), encabezada por Sayda Rodríguez, deberán cumplir con la determinación judicial, es decir con la suspensión de la granja porcícola. En caso de no hacerlo, podrían ser sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales.

A través de un comunicado, Grupo Indignación informó sobre la resolución. La suspensión definitiva de la granja porcícola de Homún se trata de una medida cautelar que ocurre como parte de un juicio de amparo promovido por seis menores de edad, a través de sus representantes legales, por los riesgos al medio ambiente que puede ocasionar una granja con más de 50 mil cerdos.

Según el comunicado, los argumentos para la suspensión definitiva es que la medida tiende a garantizar el interés de la sociedad a conservar el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. Si funcionará, se podrían provocar "perjuicios de difícil reparación", expresa. De acuerdo con la inspección, la planta de tratamiento de aguas estaba inconclusa.

En segunda instancia, señala que aunque hay permisos, era necesario hacer efectivo el principio de prevención y precaución cuando hay un proyecto que pone en riesgo al medio ambiente o la salud. El riesgo se corroboró mediante estudios científicos presentados por la parte demandante, por lo que la juez “la granja de cerdos podría poner en riesgo la pureza y utilidad del agua en la región”.

De no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano.

El tercer punto es que en ninguno de los permisos o autorizaciones se respetó el derecho a consulta y participación de los pueblos originarios, según el derecho internacional, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169. Eso obliga a realizar consultas de buena fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre determinaciones que les afectan.

Al ser menores de edad los quejosos, la juez consideró el interés superior de la infancia para otorgar la suspensión definitiva.

[b]Nunca vamos a perder[/b]

Durante un conversatorio el miércoles por la noche en el café Calenda, la abogada Miriam Rubí Escobar Parga, de Indignación, expresó que después de esta lucha “el pueblo de Homún no será el mismo”, porque son más conscientes de la defensa del territorio.

Señaló que “nunca vamos a perder”, porque aunque los resultados jurídicos sean desfavorables, ya los pueblos mayas de Yucatán y la península se organizan para defender su territorio y su determinación. Si hoy no se defiende con fuerza, no habrá futuro, declaró.

Indicó que en diversas ocasiones emitieron cartas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al gobierno de Yucatán, pero nunca respondieron.

Ante el juicio entre la granja porcícola y el presidente municipal, que a presión de los cenoteros retiró el permiso otorgado, la agrupación Kana’an Ts’onot solicitó ser terceros interesados, pero la resolución fue que se deja si materia el juicio de amparo “por ser complejo y tener varios quejosos amparados”. Se impugnó el sobreseimiento del juicio administrativo, dijo.

José May Echeverría, de Kana’an Ts’onot, declaró que el delegado de la Profepa, José Lafontaine, amenazó con demandarlos por secuestro, después de impedir que esa dependencia clausurara los cenotes, el mismo día que ellos se movilizaron para protestar por las operaciones en la granja porcícola.

“Estábamos molestos, pero nunca agredimos a los empleados”, manifestó. Ahora, lamentan que el gobierno estatal de Vila Dosal haya solicitado evitar la suspensión definitiva, y que quiera ordenar al poder federal.

“Hemos ganado mucho en esta lucha, sabemos que somos un pueblo maya con derechos y que nos deben respetar”, declaró.