Despojo de tierras a indígenas, por corrupción de instituciones: DPLF

Katia Rejón
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 14 de agosto, 2018

“Lamentablemente, lo que en la actualidad se constata en los hechos y como regla general –que, por cierto, admite excepciones- es que estas instituciones (Tribunales, Procuraduría y RAN), no están cumpliendo a cabalidad su misión de cautelar y reparar los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades y ejidos en México”, afirmó David Lovatón Palacios, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) durante la presentación del informe sobre [i]La Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México[/i] realizado por la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y los abogados Jorge Fernández Mendiburu y Claudia Gómez Godoy.

Estas líneas también forman parte de la introducción del informe, disponible desde este fin de semana en la página www.indignación.org.mx, el cual consta de 92 páginas y está seccionado en siete capítulos que abordan los temas: Reparto agrario y pueblos indígenas en México, Reformas legales y nuevas legislaciones que afectan a los grupos y pueblos indígenas de México 1992-2017, La Jurisdicción Agraria en México (donde se ahonda en las tres instituciones agrarias mencionadas anteriormente), Procesos de desposesión de las tierras y territorios indígenas y campesinos de México, Violaciones al debido proceso en la Jurisdicción Agraria, Violación al derecho a la libre determinación y Reflexiones finales.

Lovatón explicó que entre los problemas de las instituciones agrarias están el presupuesto insuficiente, escasa formación jurídica e intelectual de sus funcionarios y la ausencia de voluntad de las autoridades.

“Con frecuencia esto ha convertido este andamiaje institucional –en un principio pensado para proteger los derechos de indígenas, campesinos y ejidatarios-, en un laberinto burocrático en el que los procesos judiciales o administrativos tardan excesivamente y con resultado adversos para las comunidades”, añadió.

Asimismo, comentó que la presencia de otros intereses por parte de grupos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos en torno a territorios rurales han desvirtuado el propósito de los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el RAN. Estos tienen denuncias de corrupción, sometimiento e intimidación de funcionarios públicos ante el poder económico o político.

El informe “sociolegal” realizado por tres especialistas se realizó con base en un plan de investigación y diálogo permanente entre ellos y entre otros expertos. Además, el análisis prevé los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas a los cuales el país se ha suscrito, y por ende, comprometido a cumplir.

La antropóloga Daniela Torres-Mazuera resaltó dos reflexiones que surgieron del informe: ¿por qué la reforma que tuvo como objetivo democratizar las asambleas ejidaldes terminó ayudando a la privatización de las tierras? y ¿cómo integrar a los campesinos en los convenios que protegen a los indígenas dado que los temas de despojo son similares?

“Lo que revela esta revisión es que para que haya un despojo se necesita la complicidad de muchos niveles, funcionarios, visitadores agrarios. Los mismos funcionarios han promovido intereses privados”, comentó Torres.

“Hay muchas cosas que se repiten entre ejidatarios, campesinos e indígenas en relación con las estrategias de despojo que se explican en el tercer capítulo. Hay algunas que son legales -porque la Ley Agraria lo permite a través de la renta o de nombrar ejidatarios cuando en realidad son empresarios- y otros que son ilegales. Existe una clara violación a la Ley Agraria y a los tratados internacionales”, aportó la abogada Claudia Gómez.

Tanto Gómez como Jorge Fernández del grupo Indignación comentaron que la serie de modificaciones legales y reformas agrarias desde 1992 han hecho que las comunidades tengan menos protección de sus tierras.

“Con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 inició una serie de procesos como la reforma energética que fue quitando elementos de tierra y territorio a los campesinos así como sus posibilidades de decisión y autonomía”, comentó Gómez.

En su investigación encontraron casos que se alargan innecesariamente, denuncias que tienen 22 años sin resolver, falta de traductores y personas que sepan de derechos humanos en las instituciones y el proceso para resolver una denuncia cuando se trata de pueblos indígenas y campesinos.

“Este trabajo es un primer acercamiento que esperaríamos diera pie a muchas líneas de investigación y reflexionar por qué el sistema agrario no está aplicando los derechos reconocidos a los pueblos originarios y cómo a través de sus reformas complican el trabajo”, finalizó Fernández Mendiburu.