Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 26 de junio, 2018

Yucatán, con sus dos millones de habitantes, tiene una bomba tóxica de salud pública que estallará en los próximos años. Debajo de la tierra, en cenotes y tuberías, corren agroquímicos que contaminan el agua consumida por todos, los cuales ya generan enfermedades de lenta aparición, pero letales: plaguicidas que resisten a los sexenios y la visión cortoplacista de los gobernantes en turno; pesticidas que usan los campesinos sin saber el peligro que representan.

La contaminación del agua va más allá del Anillo de Cenotes. Es todo el estado, un millón 514 mil personas expuestas, al menos. Tres cuartas partes de la población de dos millones. Los plaguicidas usados en el campo ya profanan el agua potable de Yucatán, es decir, el agua para consumo humano, no únicamente aquella que permea el subsuelo y no es tratada.

Son, al menos, 40 municipios habitados por un millón 514 mil 542 personas, de una población total de un millón 965 mil, con la presencia de agroquímicos cancerígenos en el agua potable.

El mapa se llena de puntos rojos en el estudio para la Determinación de plaguicidas organocloroados en agua de sistemas de pozos de abastecimiento en municipios del estado de Yucatan, México, realizado por el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en 2015, obtenido a través de una solicitud de transparencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Yucatán y Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), entidades que encargaron el proyecto de manera confidencial.

La presencia de agroquímicos en el manto acuífero y el agua potable implica problemas de salud como cáncer, malformaciones congénitas, muerte fetal e infantil, y enfermedades en el sistema nervioso central y el sistema reproductivo para las personas que tienen contacto con ella, porque se acumulan biológicamente en el cuerpo humano a través de la ingesta de agua contaminada.

Los pesticidas son accesibles a cualquiera, se adquieren fácilmente en el centro de Mérida y los más baratos cuestan 60 pesos por 200 mililitros, que rinden 20 litros del plaguicida; o bien son entregados a los campesinos por el gobierno de Yucatán a través de programas sociales.

En sus envases se advierte del peligro de contaminación del agua y piden evitar su uso en suelos permeables, como el yucateco.

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Las cantidades de plaguicidas presentes en el agua potable de Yucatán superan por mucho -en ocasiones hasta 50 o 100 veces más-, lo que la Secretaría de Salud federal y la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten de acuerdo con los Límites Máximos Permitidos de concentraciones de estos plaguicidas en el agua para consumo humano, es decir, agua para beber. La información pertenece a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, en Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

En Mérida y la zona metropolitana, así como otros municipios importantes de la entidad, se registran altos niveles de contaminación de heptacloro y heptacloro epóxido, endosulfán I, dieldrín, endrín, y aldrín, entre otros agroquímicos.

Según la Norma Oficial Mexicana 010, sobre agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral, los mencionados causan daños en el hígado, riñones, sistema nervioso central, sistema reproductor, generan irritación en el tracto respiratorio inferior, y dolores de cabeza.

La NOM 127 es superada en plantas de agua potable en los 40 municipios. Cuando en los químicos el máximo es de .03 ?g/L, en muchas de ellas aparecen en cantidades superiores a los 50, 60, 80 y hasta 100 ?g/L.

Los municipios estudiados son, en la costa, desde Celestún hasta San Felipe y Río Lagartos, incluyendo Progreso, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo; Mérida y su zona metropolitana (Mérida, Hunucmá, Kanasín, Caucel, Umán y Abalá); El cono sur (zona agrícola), Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Akil, Teabo, Muna, Tzucacab, Peto, Maxcanú, Chocholá, Kinchil, Kopomá y Chapab; en el oriente, zona ganadera, Valladolid, Panabá, Tizimín, Espita, Chemax, y Buctzotz; y en el centro y municipios del Anillo de Cenotes, Izamal, Cuzamá, Huhí, Acancéh, Tecoh, Temax, Quintana Roo, Dzilam González y Dzoncahuich.

[b]Yucatán contaminado[/b]

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Los análisis realizaron 360 detecciones de plaguicidas organoclorados, así como distintos metabolitos, los cuales son sustancias derivadas y que pueden incluso ser más tóxicas. Las fronteras sólo existen para demarcar poblaciones, por lo que, si el estudio hubiera abarcado los 106 municipios es probable que se hubieran detectado altas concentraciones también de estos plaguicidas cancerígenos.

El análisis de laboratorio utilizó la metodología de Cromatografía de Gases con Detector de Captura de Electrones en el agua de los pozos de distribución de agua potable.

El estudio realizado por el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, de la UADY, fue “confidencial”, y la SSY respondió a la solicitud de información por la vía de transparencia, a pesar de usar dinero público para realizarlo. La Conagua otorgó todo el estudio y su costo fue de 472 mil 961 pesos, la mitad (236 mil 480) de recursos federales y el otro tanto (236 mil 418) estatales. En enero de 2016 se entregó el informe final.

A pesar de que la Conagua realizó ese estudio, Ignacio Mendicuti Priego, director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de ese organismo, declara que no existen alertas en la zona ni problemas en la cuenca en general, “no es real la contaminación”, dice.

“Hasta el momento las muestras y el estudio que tenemos no nos da algún dato de alerta en ninguna zona”, menciona el funcionario al ser preguntado al respecto.

Indica que “estamos al pendiente del cuidado de la cuenca, si permitimos situaciones que puedan perjudicar el agua vamos a tener problemas, pero no hay evidencia de contaminación fuerte”.

Por su parte, Manuel Carrillo Esquivel, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), aclara que dicha dependencia estatal sólo se encarga de unas cuantas plantas de tratamiento en Mérida, Kanasín y Umán, mientras que el resto y los pozos de agua potable son administrados por los municipios.

Afirma que no todos los presidentes municipales siguen la recomendación de la Japay de clorar el agua para limpiarla. En ocasiones, los Ayuntamientos Municipales no cuentan con el presupuesto para invertir en la limpieza del agua, por lo que continúa contaminada y sin ser tratada, situación que vulnera a las personas que la usan y la consumen, porque las hace más propensas a sufrir enfermedades, como cáncer.

Clorar el agua no quita la contaminación química de plaguicidas o metales pesados. Se requiere de una infraestructura de saneamiento hídrico inexistente en Yucatán.

La SSY, a través de su titular Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, indica que “hay asociación entre plaguicidas y ciertos cánceres; sin embargo no tenemos evidencia de que el agua de consumo humano en Yucatán tenga algún problema”.

[b]Salud amenazada[/b]

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“Los plaguicidas organoclorados son disruptores endocrinos que generan diversas enfermedades en el sistema nervioso central, sistema reproductivo, diversos cánceres, así como malformaciones congénitas, muerte fetal e infantil”, indica el estudio.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, Eduardo Batllori Sampedro, escribe en el libro El manejo del agua que “la naturaleza nociva de dichas sustancias está plenamente demostrada para el ser humano y otros seres vivos”.

De acuerdo con las estadísticas de la SSY, en 2017 se registraron mil 527 tumores en la entidad. Desde 2013 la cifra ha ido a la alza, pues ese año se contabilizaron mil 364; al siguiente fueron mil 381, en 2015 se incrementó a mil 466, y para 2016 se reportaron mil 499.

La cifra de cáncer cérvico uterino también creció en los últimos cinco años, en 2014 se reportaron 193, incrementó a 252 en 2015, se redujeron ligeramente en 2016 cuando se reportaron 2014 casos, mientras que en el 2017 se dio cuenta de 235.

El cáncer es un serio problema de alto impacto para la salud pública, al respecto se han publicado varios artículos científicos que relacionan directamente el uso de agroquímicos con la aparición del cáncer.

Es necesario considerar que en la última década, los contaminantes juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer humano, porque se bioacumulan principalmente en el tejido graso de las personas.

El mismo Centro de Investigaciones Regionales de la UADY publicó en 2015 un estudio que reveló la presencia de plaguicidas organoclorados en el Agua de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, zona decretada para la conservación del agua a nivel estatal porque ahí se encuentra el agua que abastece a Mérida y su zona metropolitana.

Los plaguicidas organoclorados se vincularon a problemas en la salud pública en la entidad. Muestras de leche materna y sangre de mujeres mayas en 32 municipios dieron positivo en cuanto a la presencia de esos componentes en 81 por ciento de los casos. Yucatán se encuentra por arriba de la media nacional en cáncer de mujeres.

El 30 por ciento de la población maya bebe agua de pozos y cenotes contaminados en Yucatán, según el investigador Ángel Polanco Rodríguez, al presentar el estudio del Anillo de Cenotes, en 2015.

Se realizó un monitoreo científico de los niveles de plaguicidas organoclorados en sangre de mujeres con cáncer cérvico uterino y en leche materna, en los 18 municipios de Yucatán con más alta prevalencia de ese tipo de cáncer y principal causa de mortalidad en mujeres mayores de 25 años en la entidad.

De 72 mujeres con cáncer a las que se les realizó la prueba sanguínea se descubrió un 94 por ciento de positividad de residuos de pesticidas, mientras que el 53 por ciento registró concentraciones superiores a los límites máximos permitidos.

Por su parte, el estudio de leche materna en 32 muestras de mujeres de municipios agrícolas del sur y área metropolitana de Yucatán, mostró 100 por ciento de positividad a residuos de pesticidas, y 97 por ciento por arriba de los límites máximos permitidos.

“La exposición crónica a plaguicidas organoclorados afecta tanto al hombre como al sistema reproductor femenino y genera el desarrollo de diversos cánceres”, expone el doctor Ángel Polanco en su estudio.

El peligro, escribe el científico, es que estos agroquímicos imitan las funciones hormonales naturales del ser humano cuando son ingeridos de pozos y cenotes contaminados, de los alimentos de la milpa y los cultivos de traspatio que se comen o ingresan al cuerpo humano vía cutánea o por inhalación, por lo que se acumulan biológicamente en el tejido graso.

Ahí actúan en el ser humano estos plaguicidas a través de un proceso químico-biológico que suplanta a las hormonas naturales, interfieren en la producción hormonal, su liberación natural en el cuerpo, así como su transporte y unión a receptores específicos, por lo que predispone al desarrollo de procesos cancerígenos, continúa la explicación.

En el estudio del Anillo de Cenotes realizado por el Centro de Investigaciones Regionales de la UADY, encontró la presencia de altas concentraciones de estos plaguicidas organoclorados en 11 municipios de esa región yucateca, que son los mismos que se mencionan en el estudio solicitado por Conagua y la SSY al Hideyo Noguchi.

El escenario de contaminación del agua en Yucatán es grave, ya se tienen evidencias fuertes de resultados de investigación por parte del Centro de Investigaciones Regionales de la UADY, lo cual tiene un muy alto impacto en la sociedad y en las comunidades indígenas, involucrando violaciones a los derechos humanos, ya que a la población no se le proporciona acceso al agua de buena calidad para beber.

[h1]En Yucatán se regala cáncer, a través de apoyos estatales de agroquímicos[/h1]

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En Yucatán se regala el cáncer. Esto ocurre a través de los apoyos con agroquímicos que otorga el gobierno a los campesinos. Los agroquímicos son peligrosamente tóxicos para la salud de quienes los usan, y además se filtran fácilmente al manto acuífero por el tipo de suelo que permea la península.

Tomás Poot Canul usaba el fertilizante 18-46-00 (fosfato diamónico) para sembrar tomate de la región en su municipio, Tekom, mismo producto químico que se utiliza para el maíz. Reconoce que le daba buen resultado, pero al cabo de un tiempo notó que la producción bajaba a pesar de que aplicaba más fertilizante.

Un promotor de la Escuela de Agroecología U Yits Ka'an, en Maní, le explicó que la productividad de la tierra baja porque ese agroquímico mataba a los microorganismos que otorgaban nutrientes al suelo donde sembraba.

“La tierra es estéril, nos dijo, y va a llegar el momento en el que si seguía utilizando el químico, ya no germinaría más”.

Lo recibían por medio de los apoyos del gobierno, reconoce. Para aplicarlo no tenía ninguna protección, por desconocimiento de la forma de uso, así que estaba expuesto al peligro que representa.

Comprar los agroquímicos es muy fácil. En la calle 54 y la 52 del centro de Mérida hay una treintena de tiendas dedicadas al campo. Todas venden pesticidas y plaguicidas de distintos tamaños, con diferentes compuestos químicos y diversos efectos sobre los sembradíos.

Son accesibles a cualquiera que acuda ahí, pues no requieren de ningún proceso para ser comprados, o tener una especie de receta o licencia que acredite su uso. Su precio varía, pero los más baratos van desde los 60 pesos.

Todos los envases de agroquímicos tóxicos vienen con varias leyendas que advierten de su uso responsable, con equipo adecuado y su manejo correcto. También hay una que hace referencia al agua: “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

Por sus características cársticas, el suelo yucateco es altamente permeable por lo que es más vulnerable a que los químicos se filtren.

[b]Agroquímicos sin fronteras[/b]

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Los agroquímicos no tienen fronteras, ya que la contaminación que ocurre en cualquier parte de la península de Yucatán afecta directamente al estado, debido al suelo cárstico y las corrientes subterráneas en ríos y cenotes, que los arrastra hacia la costa de la entidad, desde donde salen hacia el mar.

Según el anuario estadístico de los estados, en 2010 el Censo de Agricultura, Ganadería y Forestería del 2007, Campeche es la entidad que más productos contaminantes del ambiente utiliza, en 12 mil 412 unidades de producción. Son 11 mil 323 fertilizantes y agroquímicos, 10 mil 700 herbicidas y cuatro mil 249 insecticidas. En total son 26 mil 272.

Según el anuario estadístico, Yucatán cuenta con dos mil 689 unidades de producción. Son un total de cinco mil 730, entre dos mil 454 fertilizantes y agroquímicos, dos mil 388 herbicidas y 888 insecticidas.

En Quintana Roo son dos mil 414 unidades de producción, con cuatro mil 404 productos. Entre ellos, dos mil 168 fertilizantes y agroquímicos, mil 537 herbicidas y 697 insecticidas.

Por lo que Yucatán recibe, a través de las corrientes subterráneas de agua que arrastra los agroquímicos, parte de la contaminación que se genera en Campeche y Quintana Roo.

El uso de agroquímicos, catalogados como cancerígenos tóxicos y dañinos para la salud humana por normas internacionales, es consentido por el Estado mexicano y yucateco porque, además de su venta libre en lugares como el centro de Mérida y otros municipios, son regalados por medio de los apoyos al campo por medio de instituciones estatales como la Secretaría de Desarrollo Rural.

El padre Atilano Ceballos, de la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an declara que tanto el actual gobierno como los anteriores, ignoran o no les interesan los estudios científicos que mencionan la situación del agua en la entidad.

“El Estado mexicano y el de Yucatán mantienen agroquímicos, aunque hay programas de gobierno que los recogen, pero es el mismo gobierno quien los reparte. Falta coherencia del gobierno”, manifiesta.

“No hay restricciones para la venta de agroquímicos, fácilmente se puede conseguir en un pueblo pequeño, no hay impuestos a ellos, no se evita que lleguen los prohibidos, son cancerígenos; están por la laxitud de los gobiernos”, continúa.

Manifiesta que la agricultura agroindustrial no busca alimentar el suelo, sino alimentar la planta, lo cual provoca la degradación de la tierra.

Afirma que se necesita de la aportación de todos, instituciones cívicas, estatales y gubernamentales, porque peligra la gente de las comunidades mayas, pero también de Mérida.

El secretario de Desarrollo Rural, Pablo Castro Alcocer, reconoce que el gobierno de Yucatán sí apoya con agroquímicos, pero esos apoyos ya no representan la mitad de lo que se da. En su lugar, se promueve la implementación de los fertilizantes biodegradables por medio de mayores subsidios, expresa. Un ejemplo que menciona es que si un producto biodegradable cuesta 10 pesos, la Seder pone hasta siete.

Cada año se entregan 46 millones de pesos en los distintos apoyos, comenta.

Existen convenios internacionales (como el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Rotterdam), firmados por México, que prohíben el uso de estos plaguicidas por ser altamente tóxicos y cancerígenos. A través de ellos, los gobiernos, incluyendo el de México, cuentan con la información necesaria sobre los productos químicos peligrosos para evaluar los altos riesgos y adoptar medidas sobre las importaciones de productos químicos con conocimiento de causa.

De manera que importar, autorizar estas compras y, peor aún, distribuir estos plaguicidas, son causa de violaciones a reglamentos o convenios internacionales en donde México ha firmado su participación.

El padre Raúl Lugo, también de la escuela de Maní, observa que en Yucatán se conjugan dos temas: la potencialidad acuífera de la entidad, a diferencia de otras partes del país, que se enlaza con el descuido del estado y la contaminación.

“Tenemos un montón de agua, pero cada vez más inservible y tóxica”, señala. Hay comunidades con problemas, donde dependen de un temporal cada vez más imprevisible por lo errático de la lluvia, provocado por el cambio climático, porque la bomba de agua en la comisaría no sirve, menciona.

En el manejo de los agroquímicos señala que el Estado tiene una de las responsabilidades más grandes, pero maneja un doble discurso. En el caso del gobierno yucateco, aunque se firmó el Acuerdo Sustentable para la Península de Yucatán (ASPY), se maneja un doble discurso porque se propone liberar de transgénicos a la región pero el año pasado se recolectaron 70 toneladas de envases de agroquímicos, que son “como una bomba atómica”.

A la par de las acciones de recolección, el gobierno de Yucatán regala los pesticidas, herbicidas y plaguicidas en los paquetes de apoyo al campo. “El gobernador firmó el esfuerzo pero no he visto nada. Da y quita, la Seduma es la cara amable de un gobierno contaminador”, manifiesta.

[b]Filtración de contaminantes[/b]

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Cuando son utilizados en el campo, los agroquímicos erradican las malas hierbas, las plagas y los microorganismos de la tierra. Esto provoca fenómenos de erosión y pérdida de nutrientes. Las cosechas reciben los químicos, pero al ser el suelo yucateco cárstico se filtran al subsuelo y al manto acuífero las sustancias que se usan, lo que provoca la contaminación del agua.

“Agarré el líquido y sentí el olor, no me gustó”, dice Nicanor López Pech, un campesino del municipio de Abalá. Sólo usó el agroquímico una vez, y lo dejó de usar.

Reconoce que en Abalá el gobierno estatal los regala, a pesar de los intentos de advertirles del uso y daño que generan. Las autoridades los otorgan mediante programas, menciona.

Los campesinos los aplican a pesar de saber que los agroquímicos pueden generar enfermedades, porque les permite hacer su trabajo más rápido, indica.

El doctor Ángel Polanco Rodríguez, del Centro de Investigaciones Regionales de la Uady, declara en un estudio del 2015, sobre agroquímicos cancerígenos y su presencia en el agua del Anillo de Cenotes, que “se evidencia una falta de regulación en el uso de estos plaguicidas tóxicos prohibidos, así como una falta de capacitación a agricultores para la producción en milpa principalmente para autoconsumo, y a mujeres de las zonas rurales que producen alimentos de traspatio para el sustento familiar, para amortiguar la pobreza de las comunidades mayas que la padecen décadas atrás”.

En esa investigación se documentó que existe una muy baja percepción de riesgos a la salud y al ecosistema por parte de las comunidades mayas y es debido principalmente a los bajos niveles de educación y a la falta de apoyo oficial.

“Las poblaciones de las zonas rurales con altos niveles de pobreza, como en el estado de Yucatán, tienen una baja percepción de riesgos en el manejo de plaguicidas altamente tóxicos que causan daños potenciales a su salud y al medio ambiente, principalmente a los sistemas hídricos”.

“Por otra parte, la población rural maya, por razones culturales y bajos niveles educativos, continúa bebiendo agua de pozos y cenotes contaminados con plaguicidas”, manifiesta el estudio.

En muchas ocasiones, los agricultores no esperan el tiempo indicado por los envases de agroquímicos para que éstos sean eliminados. Al cosechar, los productos aún tienen rastros de contaminación y son vendidos a las cadenas comerciales.

Olimpia Pacheco Uc y su hija Hermelinda May Moo tienen un huerto orgánico en el rancho San Isidro Opichén, de Mayapán. Ahí siembran maíz, calabaza, íbes, frijoles, espelón, entre otros productos.

Hermelinda reconoce que ella y su madre “desde hace años no usamos nada, desyerbamos porque si metemos la herbicida no crecen las plantitas, quedan chiquitas”.

La calabacita una vez que le metes herbicidas ya no crece, dice. Por lo que la agricultura orgánica es mejor porque da más, añade.

Nicolás Castillo es de Maní. Se dice “campesino de nacimiento”. “De antes usaba los agroquímicos para los cultivos, pero cuando comencé a participar con la escuela me di cuenta del error que cometía”, acepta.

No se daba cuenta que eran malos para la salud, pero hace siete años dejó de usarlos en sus cultivos. “De antes no lo creía mucho, soy incrédulo, soy de verlo para comprobarlo. Dudaba, si no los usaba no lograría nada; ahora sembramos, hacemos nuestro propio abono, logramos cosechas buenas, de primera calidad”.

Los agroquímicos los compraba en parte y la otra los recibía por el gobierno que “desgraciadamente los regala a los campesinos, es esa mala costumbre que no se pueden concientizar todas las mentes”, señala.

Lo que aprendo, lo pongo en práctica en mi casa, donde tengo mi huerto, me gusta sembrar mi propio alimento porque es 100 por ciento libre de agroquímicos, dice.

Señala que el daño de los agroquímicos es a la tierra, porque se envenena. “Fumigas las hierbas y queda limpio, pero uno no se da cuenta que matas a todos los microorganismos que viven en el suelo”.

Una vez que Tomás Poot notó que el suelo estaba contaminado, tendría que revivirlo a través de la agricultura orgánica y dejar de usar los agroquímicos, le dijo el promotor de la escuela de Maní.

Al ser preguntado acerca de por qué cree que el gobierno permite su uso y los otorga a través de apoyos, responde que “quizá porque es un macronegocio que estaba haciendo el gobierno y las empresas, la gente los utilizaba porque se les inducía ese producto y se nos hacía más fácil porque te ahorras tiempo y trabajo, pero a la larga hay daño”.

Un productor orgánico, con un rancho en Kanasín y que acude al Slow Food Market de Mérida, que solicitó el anonimato, menciona un episodio con Wal-Mart. Al vender las hortalizas producidas de manera orgánica, el supermercado les colocaba químicos para que crezcan aún más, dentro de cámaras que incrementaban su desarrollo. Los productos eran vendidos al consumidor local.

Al notar la situación, decidió comercializarlo por su cuenta en otros espacios y evitar que lo que producía fuera alterado por la cadena comercial.

El padre Raúl Lugo declara que desde la escuela “batallamos con la conciencia, porque los agroquímicos hacen más fáciles algunas de las faenas del campo, pero les hacemos ver a los campesinos que el costo es más grande: se trabaja menos pero daña la tierra por muchos años, el proceso de recuperación de una tierra dañada por agroquímicos es muy lento”.

Expresa que se señalan los efectos nocivos se lucha para evitar su uso, porque deterioran y envenenan la tierra, así como lo que se produce y se filtra al manto freático.

“Este modelo de desarrollo depredador que busca el lucro, que se lleva por las patas al ecosistema, es un modelo del sistema. Los mismos que lo promueven por la ganancia fácil terminarán arrepintiéndose”, advirtió el padre Lugo.

Para cambiar a gran escala el modelo de producción, es necesario otro modelo de desarrollo, otra manera de concebir el planeta, aseguró. “Parece que no vamos a llegar por convencimiento, vamos a llegar por debacle, cuando sea insostenible y queramos componer las cosas”, declaró.

Considera que “aún estamos a tiempo para que las autoridades de la península se den cuenta de que no es una opción la transición de lo químico a lo orgánico, es una necesidad”.
Agricultura orgánica, ética, justa y necesaria

El padre Tilo reconoce que la tierra se daña porque matan a los microorganismos, millones están ahí, es un ente vivo. Matan la materia orgánica que genera la producción; contaminan a los seres vivos que usan la tierra, se enferma y lo que se cosecha nos enferma porque es comida que llena, pero no nutre, manifiesta.

Enfatiza que “el agua es fundamental para la supervivencia”. Recuerda los mitos mayas donde se profetiza su escasez y que hoy ocurre, no por el desabasto sino por la contaminación de la cuenca acuífera de Yucatán.

La agricultura orgánica es una alternativa, pero con agrobiodiversidad, no como monocultivo, expresa. Lo orgánico no sólo es el mejoramiento de la tierra, sino la complementación de unos con otros, la rotación de cultivos, mayor diversidad de plantas, indica. Tiene que ser como la concibe U Yits Ka’an, que es integral e integradora, incluso por la espiritualidad, menciona.

“La agricultura orgánica es una respuesta ética, justa y necesaria para estos tiempos de contaminación, de degradación, donde el antimodelo alimentario es depredador y antiecológico. La agricultura orgánica es la alternativa para la subsistencia de las comunidades”.

Desde la parte proactiva, el padre Raúl Lugo apuesta por pasar a la agricultura orgánica que permita la recuperación de la tierra y sus microorganismos, así como colectar agua de lluvia. Desde la propia Escuela de Agroecología U Yits Ka'an hay proyectos que impulsan este tipo de economía.

Con múltiples tipos de semillas que se cultivan en una porción de tierra a lo largo de los años, sin el uso de químicos que erosionen la tierra, serán los propios cultivos los que aporten sus nutrientes y permitan la regeneración del suelo yucateco.

Es un proceso lento, de larga recuperación, pero cuyo impacto se nota desde los primeros años.

Tomás Poot explica que con la agricultura orgánica cambió todo. Desde el mecanismo de la preparación del suelo, y la nutrición, por lo cual la producción aumentó, las plantas son más saludables y las cosechas son mejores.

Para fijar el nitrógeno al suelo usa graminias, es decir aquellos productos de vaina (frijoles, íbes, lentejas), que reemplazaron a los químicos que cumplían con la misma función, dice.
Ahora en Tekom trabajan 38 familias en el sistema libre de agroquímicos, menciona.

Nicolás Castillo indica que con la agricultura orgánica ahora su cosecha “da abundante, abundante y no usé ni una gota de agroquímico ni fertilizante, yo mismo hago mi abono y he logrado cosechas buenas”.


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