En México, las familias de víctimas deben resignarse a la impunidad

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida, Yucatán
Jueves 21 de junio, 2018

En Yucatán, se necesitarían nueve años para resolver los homicidios pendientes de 2010 a 2016, según un reportaje publicado por el periódico independiente [i]Animal Político[/i], titulado “Matar en México: Impunidad Garantizada”. A nivel nacional, serían necesarios 124 años en promedio para esclarecer los crímenes aún no resueltos ocurridos entre el 2010 y el 2016.

La lista es encabezada por el estado de Chihuahua, cuya tasa de homicidios demoraría 486 años en resolverse, seguido por Guerrero, con 409. Cabe destacar, que Yucatán es el estado en el que se tardaría menor tiempo en resolver los crímenes (9); y le sigue la Ciudad de México, con 22 años.

En tierras yucatecas, hay 18 agentes del ministerio público dedicados a resolver homicidios; sin embargo, existen 168 expedientes sin sentencia del 2010 al 2016, es decir, cada uno tiene sin homicidios sin resolver, en promedio.

En el caso de Chihuahua -estado que encabeza las cifras- se cuenta con 98 activos dedicados a dicho rubro; y los homicidios sin sentencia en el mismo período ascienden a 15 mil 753, lo que deriva en que cada uno registra 98 asesinatos pendientes por esclarecer.

En Yucatán se han registrado 309 víctimas en los seis años que abarca el período en cuestión, de los cuales 134 casos han resultado en sentencias condenatorias, dejando 175 sin sentencia. Lo anterior significa que en el estado hay 14 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes; y seis casos de sentencia condenatoria, marcando un índice de impunidad del 66.63 por ciento.

En Chihuahua, las víctimas ascienden a 17 mil 580 y los casos con sentencia condenatoria únicamente a 227; dejando archivados 17 mil 353 asesinatos. Ahí, hay 494 asesinatos por cada 100 mil habitantes y seis casos con sentencia condenatoria. El índice de impunidad es del 98.71 por ciento.

En promedio, a nivel nacional se invierten 57 mil 070 pesos por cada homicidio, mayormente en servicios periciales. Yucatán es el estado que más invierte por cada víctima: un millón 101 mil 628 pesos. Guerrero se encuentra al final de la lista, con cuatro mil 732 pesos por cada ultimado.

Acorde a cifras del INEGI, el sistema de justicia únicamente encarcela a cinco responsables de cada 100 homicidios que se cometen en el país.

Animal Político revisó cómo funciona cada eslabón de la cadena de justicia, que interviene en la investigación de un homicidio, llegando a la conclusión que entre más autoridades participen en el proceso de encontrar al culpable, menos posibilidades hay de resolver el asesinato.

El primero en llegar a la escena es el policía preventivo, que en muchas ocasiones desconoce los procedimientos para resguardar el cuerpo y acordonar la escena del crimen. Las indagaciones del medio independiente arrojaron que miles de ellos ganan menos de dos mil 500 pesos al mes.

La policía investigadora, -que en otros países es un detective con la preparación académica necesaria para ejercer el puesto-, “sólo conoce la tortura como herramienta de investigación”, acusa el reportaje.

Por su parte, la función del forense consiste en apilar cuerpos en la calle y recoger muestras de ADN que “ni siquiera tiene en dónde procesar”. El ministerio público se encarga de pedir gratificaciones económicas a fin de “acelerar el caso”.

En muchas ocasiones, los funcionarios ubicados en la parte más alta de la pirámide gastan el presupuesto en aparatos de tecnología de punta, los cuales terminan arrumbados en las dependencias; o usan a los policías de investigación como choferes.

En México, los familiares de las víctimas deben resignarse a aceptar que la justicia no llegará nunca, que el crimen de su ser querido quedará impune, a menos que decida realizar la investigación por sus propios medios.