Glifosfato y los clavos del ataúd del campo

¿Daño moralmente inaceptable?

Rafael Robles de Benito
Foto: Robin Canul
La Jornada Maya

Miércoles 2 de agosto, 2017

El glifosfato es el herbicida preferido para el cultivo de la soya transgénica. Diversos estudios en varios países, como Argentina y Estados Unidos, han demostrado a cabalidad que es una sustancia que ocasiona problemas de salud considerables en quienes se encuentran expuestos a él.

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Vicente Elías Moreno Góngora, ha declarado en Campeche que, al menos en el caos de la región conocida como Los Chenes “los niveles de contaminación están dentro de la norma y por consiguiente, no representan ningún peligro para la salud de las personas que ingieren el agua”. Ha dicho también que “el agua sí presenta cierto grado de contaminación, pero no lo suficiente para asegurar que es imposible de ingerir, ya que se encuentra dentro de los parámetros permisibles a su consumo”.

Mientras los mayas de Campeche reclaman una consulta más seria para determinar si se debe o no autorizar el cultivo de soya transgénica en el estado, los apicultores de toda la península se oponen clamorosamente a la introducción de ese organismo genéticamente modificado, y los gobiernos estatales de Yucatán y Quintana Roo exploran estrategias para declarar a esas entidades zonas libres de organismos transgénicos; las agencias del gobierno federal responsables del desarrollo rural, del agua y del medio ambiente (al menos la Semarnat, aunque con la oposición de la Conabio y la Conanp) parecen empeñadas en lograr que se introduzca de manera definitiva la soya transgénica en la región.

Casi no se habla de las dudas sobre las supuestas ventajas económicas del cultivo de las semillas de Monsanto (hoy Bayer; ésta compañía ha adquirido a la anterior). Se dice muy poco acerca de las bondades de la variedad de soya denominada Huasteca y desarrollada por investigadores del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de nuestro país, que sin ser genéticamente modificada, ofrece rendimientos similares a los de la soya Solución Faena®, de la transnacional de marras, que viene además atada al empleo de los agroquímicos generados por esa industria, en un negocio francamente redondo, que en poco beneficia a los agricultores nacionales y a la nación, en términos de la construcción de una muy deseada seguridad alimentaria.

Ahora, para seguir poniendo clavos en el ataúd de nuestro campo, nos salen con que no importa la presencia de glifosfato en el agua: nomás está tantito contaminada, y entonces la pueden consumir tranquilamente. ¿Qué tanto es tantito?, ¿cuándo empieza a ser un problema?, ¿hace falta que alguien se enferme, o que muera por consumir agua “tantito contaminada?”

Entiendo que los señores funcionarios que nos recetan esta curiosa fórmula de los casos aislados y los parámetros permisibles de contaminación, han estudiado a profundidad los documentos pertinentes a su actividad y sus responsabilidades. Si esto es así, seguramente se habrán topado en múltiples ocasiones con el concepto de Principio Precautorio, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. Este principio dice que “cuando las actividades humanas pueden acarrear un daño moralmente inaceptable que es científicamente plausible pero incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir ese daño”.

Se entiende por daño moralmente inaceptable “el infligido a seres humanos o al medio ambiente que sea una amenaza contra la salud o la vida humanas, o grave y efectivamente irreversible, o injusto para las generaciones presentes o futuras, o impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos humanos de los afectados”. Todos estos supuestos se cumplen en el caso de los glifosfatos en los mantos freáticos de la península de Yucatán, y si los señores funcionarios del gobierno federal no han podido verlo así, es porque no entienden el principio precautorio y las repercusiones que tiene para la construcción de políticas públicas acordes con la salvaguarda de los derechos humanos; o, bien, porque sus intereses están casados con los propósitos de las empresas trasnacionales de agronegocios.

Mientras tanto, parece que los mayas peninsulares continuarán clamando sin respuesta favorable a sus demandas, los apicultores de la región continuarán sujetos al riesgo de que sus productos dejen de ser consumidos en el mercado europeo y los gobiernos locales continuarán viendo frustradas sus intenciones de proteger al campo en sus entidades, vencidos por un gobierno central que parece ser que ni oye, ni ve, ni entiende.