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del

Eduardo del Buey
Foto: Afp
La Jornada Maya

Lunes 2 de octubre, 2017

La semana pasada escribí acerca de mi oposición a los referendos como un medio para crear y conducir políticas de gobierno. Esto fue debido al referendo de Cataluña, celebrado ayer, llevado a cabo por el gobierno separatista a pesar de la oposición del gobierno nacional en Madrid, y a pesar del hecho de que el gobierno nacional y las cortes habían declarado la ilegalidad e inconstitucionalidad del mismo.

Desde un punto de vista legal, estoy totalmente de acuerdo con el gobierno nacional y la corte constitucional, el referendo fue ilegal de acuerdo con la constitución española (ratificada por el 90 por ciento de los votantes catalanes en 1977, y hoy continúa siendo la ley del lugar).

Desde el punto de vista de las comunicaciones y la política. Sin embargo, la respuesta exagerada del gobierno nacional al referendo fue contraproducente y ha creado una mancha internacional en la reputación democrática de España.

El referendo fue, de hecho, ilegal.

No hay disputa.

Sin embargo, dado al fuerte apoyo de una minoría a la independencia (y de su gobierno regional electo), y el apoyo de una parte de la sociedad catalana al referendo (incluso cuando se oponían a la independencia de la región), el gobierno nacional debió haber tomado una ruta más política, en lugar de lanzar a la policía sobre una público desarmado y crear una imagen de violencia y desorden.

Antes del referendo, el gobierno nacional debió haber llevado a cabo una campaña pública y diplomática mucho más agresiva en casa, y en el extranjero, para subrayar el hecho de que este referendo era ilegal, y las razones por las cuales Cataluña debería permanecer como parte de España.

El gobierno catalán montó una efectiva campaña nacional e internacional para exponer su visión de que el referendo no sólo era necesario, pero que también era una herramienta esencial en el arsenal de la democracia. De hecho, este argumento que, en la democracia, la voz del pueblo debe ser escuchada, fue mucho más atrayente que los argumentos legales acerca de la validez del referendo, propuestos por el gobierno nacional.

En la ley, la legalidad es lo que cuenta.

En la política, no obstante, la legalidad debe ir acompañada de una buena estrategia comunicativa, para poder alcanzar sus objetivos políticos. Cómo y cuándo aplicar la ley en ciertos casos, como este, es usualmente tan importante como la esencia de la ley misma.

Y, en este caso, el gobierno nacional liderado por el primer ministro Mariano Rajoy, falló en su manejo, de una forma astuta, de la situación política imperante, y creó una crisis mayor para su gobierno y España.

Rajoy simplemente debió haber declarado el referendo como no vinculante, señalando claramente que el gobierno nacional no estaría sujeto al resultado del mismo, en vista de que España es un estado indivisible, y el referendo no era una opción disponible según la ley española.

En este caso, al mitigar la legalidad con estrategia, si Rajoy hubiese permitido al referendo seguir, hubiese evitado tachar a los catalanes de criminales, y a las víctimas la violenta intervención de Madrid.

Entonces, si los resultados del referendo hubiesen sido en favor de la independencia, Rajoy hubiese podido simplemente subrayar la movida ilegal de parte del gobierno separatista catalán, y hubiese podido ofrecer reunirse con los líderes locales electos para discutir sus diferencias y encontrar una solución razonable.
De hecho, ignorar los resultados hubiese sido el camino correcto, dejando abierta la puerta para negociaciones y reconciliación.
La única medida proactiva que debió haber tomado el gobierno nacional, es la de arrestar a cualquier oficial del gobierno catalán que declarase a la región independiente, debido a que esto hubiese sido un acto directo de sedición según la ley española, y el gobierno nacional hubiese estado dentro de su obligación moral y legal de hacerlo.

En cambio, Rajoy llevó a cabo un número de iniciativas policiales que resultaron en violencia, con una cifra de 760 personas heridas, según reportes de AP. Los medios internacionales ampliamente cubrieron estos ataques violentos de policías contra votantes desarmados, dejando la impresión de que el gobierno nacional era el agresor, y los separatistas los mártires.

En su discurso a la población, anoche después del referendo, Rajoy no se refirió a aquellos que habían sido heridos durante el día de violencia, ni hizo un llamado al diálogo. De hecho, CNN reportó que un número de catalanes que habían sido entrevistados les dijeron que ellos no eran separatistas, pero que el gobierno de Madrid había creado un fuerte sentimiento de “nosotros y ustedes”, dejándolos con ninguna otra alternativa más que ejercer su derecho “democrático”.

De hecho, esta fuerte reacción del gobierno nacional ha profundizado el sentimiento de “nosotros y ellos”, y ha creado, quizá, una división aún más grande entre los catalanes y el resto de España.

Para mí, no hay duda de que el gobierno español no actuó o pensó estratégicamente en un momento de crisis nacional.

Siempre recuerdo a mis clientes y estudiantes el juramento hipocrático cuando se trata de manejo de crisis: “primero, no lastimes”.

En este caso, el gobierno de Rajoy ha dañado el prestigio e imagen de España en el exterior como una democracia vibrante, y ha dejado a los separatistas como mártires que luchan por sus derechos políticos y humanos.

Crear un “nosotros y ellos” es una estrategia política y comunicativa muy pobre.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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