Armando G. Tejeda
Foto: Ap
La Jornada Maya

Madrid, España
Domingo 5 de noviembre, 2017

Las calles de Bilbao se llenaron de decenas de miles de personas que se manifestaron este sábado en solidaridad con el movimiento independentista catalán y, sobre todo, contra el envío a prisión de hasta diez dirigentes del movimiento independentista y la orden de detención contra el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont. El nacionalismo vasco, al igual que el gallego, están intensificando sus movilizaciones para hacer frente a la “política represiva” del Estado español y para denunciar la “involución democrática” que se ha puesto de manifiesto en el conflicto catalán.

En una semana Cataluña ha sufrido una serie de acontecimientos que han alterado profundamente su funcionamiento. Actualmente los miembros del gobierno elegido en los últimos comicios autonómicos de 2014 se encuentran en la cárcel o prófugos de la justicia.

El gobierno español, presidido por el derechista Mariano Rajoy, tras recibir el beneplácito del Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia asumió el control de la Generalitat de Cataluña, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el próximo 21 de diciembre. Todos hechos de “excepción” que se han ido agravando con las actuaciones judiciales, que han estrechado el cerco al movimiento independentista tanto civil como de los partidos políticos, con el encarcelamiento hasta la fecha de diez de sus principales dirigentes entre ellos el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, siete consejeros y dos líderes procedentes de la sociedad civil, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart.

Ante esta situación de “excepción”, inédita en la historia reciente del país, el independentismo vasco de izquierda decidió salir a la calle para expresar su frontal rechazo a la “represión” ejercida desde Madrid y para mostrar su apoyo, como ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado inmediato, con el proyecto de secesión de Cataluña, que actualmente se encuentra suspendido tras la intervención del Ejecutivo español.

Durante la manifestación, a la que acudieron decenas de miles de personas a pesar de la intensa lluvia, se exigió la “libertad de los presos políticos” y se criticó el espíritu “antidemocrático” del artículo 155 y su "represión". La marcha fue respaldada por EH-Bildu, por la plataforma civil por el derecho a decidir Gure Esku Dago, los sindicatos ELA y LAB y la marca electoral de Podemos en Euskadi. Entre los participantes en la marcha, además de Arnaldo Otegi, y Adolfo Muñoz, Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, así como el ex secretario general de este sindicato, Rafa Díez Usabiaga, recientemente excarcelado.

El líder vasco Arnaldo Otegi hizo un llamado a la sociedad vasca y catalana a hacer “un bloque de autodefensa para hacer frente a la involución democrática, pues todo el mundo es consciente de que Cataluña ha inaugurado una etapa con presos políticos en las cárceles”.

Desde Galicia, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también inició movilizaciones y debates sobre la estrategia a seguir ante lo que llaman “ofensiva” del Estado español contra los movimientos nacionalistas o independentistas que existen en el país, sobre todo los más arraigados y contestatarios, que son el vasco, el catalán y el gallego.

[b]Preparación antes de comicios catalanes en diciembre[/b]

Mientras, en Cataluña, los tres principales partidos independentistas ya empiezan a asumir que se presentarán a los comicios autonómicos convocados por el gobierno español, a pesar de que en un principio tildaron de “ilegítimo” el proceso e insistieron en que tras la declaración unilateral de independencia había entrado en vigor una nueva legalidad a partir de la ley de “transitoriedad” o de “desconexión” que aprobó el Parlamento catalán en los plenos del 6 y el 7 de septiembre. Finalmente, esa operación quedó desmantelada por la intervención del gobierno español y las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional en su contra.

Con este escenario, el partido que aspira a convertirse en el hegemónico del bloque independentista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que tiene a su máximo líder, Oriol Junqueras, en la cárcel, celebró un Consejo Nacional en el que finalmente decidió ir adelante en los comicios y estar dispuesta a presentar una lista unitaria, en la que estén incluidos los tres partidos soberanistas -ERC, Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Candidatura de Unidad Popular (CUP)- más un sector de la marca electoral de Podemos en Cataluña, que se encuentra fracturado y en vías de escisión.

La lideresa de la formación actualmente, Marta Rovira, denunció que las elecciones “carecen de garantías suficientes” y reclamó a su vez “igualdad de condiciones”, con lo que exigió la puesta en libertad de sus dirigentes. “La primera muestra de que son demócratas deben darla liberando a los presos políticos. Exigimos la libertad de todos los presos políticos”, exhortó, al tiempo que acuso al gobierno español de que “se están cargando los valores democráticos, los derechos fundamentales y los derechos humanos, con el objetivo de acabar con el independentismo, la democracia y el progreso de nuestro país”.

Incluso desde Bélgica, donde se encuentra huido el presidente cesado Carles Puigdemont, éste se mostró dispuesto a liderar una candidatura única del movimiento secesionista y hacerlo desde el extranjero, una vez que a pesar de que su orden de búsqueda y captura ya está en manos de la Fiscalía belga, el proceso para su entrega a España podría prolongarse hasta dos meses.

Mientras que la CUP celebró un consejo político en la localidad francesa de Perpiñan para decidir que hacer, que finalmente se adoptará en una votación de 12 de noviembre.

Los partidos unionistas, como Ciudadanos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC), ya iniciaron los actos de precampaña electoral. Precisamente en el que protagonizó la dirigente de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, se registró un enfrentamiento verbal entre sus seguidores y un grupo numeroso de independentistas que intentaron impedir que celebrara el acto y la acusaron de colaborar con las políticas represivas del Estado español.


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