Texto y foto: Oscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 24 de noviembre, 2017

Luego de presentar el [i]Violentómetro electoral[/i] integrantes de la organización Mujeres Todas aseguraron que féminas con poder que militan en los partidos políticos realizan alianzas patriarcales y misóginas con líderes de las fuerzas políticas con el objetivo de cumplir con la paridad de género que exige la ley bajo condiciones evidentemente machistas.

En la sala de Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) el colectivo de feministas encabezadas por María Eugenia Núñez Zapata y la investigadora Gina Villagómez Valdés, integrantes de ese colectivo presentaron una serie de observaciones que son una evidente muestra de violencia política e institucional.

Precisaron que una de las primeras señales de agresiones hacia una mujer que aspira a un puesto de elección popular es que desde su partido le cuestionen su capacidad económica para la campaña, que le nieguen información sobre los requisitos de candidatos, burlas a sus aspiraciones, la negativa de asistir a asambleas partidistas y dificultar el registro.

Señalaron que la violencia se vuelve aún más grave cuando autoridades municipales les niegas documentos o constancias de vecindad, no les entreguen los papeles acredite su militancia, descalificarla por el simple hecho de ser mujer, hostigar a sus participantes, privarla de su libertar y negarse a detener a quienes la agredan a ella o sus simpatizantes.

Detallaron que una de las expresiones culminantes de la violencia política de la mujer es cuando se inician rumores y ofensas en redes sociales, se les exige firmar acuerdos de “unidad” que incluya el desistirse de impugnar los resultados y condicionar apoyos por favores sexuales.

Apuntaron que ante cualquier situación de tal índole las victimas de tal situación pueden acudir ante las autoridades electorales ya sea federales y estatales para hacer valer sus derechos político-electorales.

Finalmente demandaron a las mujeres que actualmente tienen algún cargo público o partidista a apoyar la aplicación de la ley y no aliarse con políticos que buscan simular el cumplimiento de la ley de paridad de genero.


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