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Rafael Robles de Benito
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Miércoles 29 de noviembre, 2017

Ahora resulta que el gobierno federal (el Senasica, para ser precisos) se encuentra con que el cultivo de soya transgénica entraña riesgos inadmisibles para el medio ambiente, y decide dar marcha atrás a los permisos ya emitidos para llevarlo a cabo. Se han dado cuenta de que hay más hectáreas cubiertas por este cultivar que las que supuestamente se encontraban autorizadas. A riesgo de mezclar metáforas, quieren meter de nuevo al genio en la botella, cerrar el pozo con el niño ahogado.

La verdad es que no pueden llamarse a sorpresa: los tres estados de la península de Yucatán llevan años oponiéndose a que se utilice su territorio para alimentar los negocios de Bayer/Monsanto, pero el gobierno federal, hasta ahora, parecía estar apoyando sin cortapisas al agronegocio: alegaron con insistencia la inocuidad de la soya transgénica, se defendieron ante los múltiples juicios de amparo promovidos por ejidos y comunidades mayas de Campeche y Quintana Roo, y promovieron una controversia constitucional contra el decreto emitido por el Gobierno del estado, con base en un argumento “legaloide” que interpreta la constitución desconociendo el principio de facultades concurrentes, principio que permitiría a las entidades subnacionales tomar decisiones genuinamente soberanas acerca de lo que acontece en sus territorios.

El caso es que la soya transgénica ya se cultiva en nuestro país y ahora cualquier cosa que se haga para contenerla será una lucha cuesta arriba: palo dado, ni dios lo quita. Parece mezquino hacer leña del árbol caído, pero lo cierto es que si el árbol es el concierto de errores, obcecación, sordera selectiva, y lo que parece una perversa cadena de “favores”, entonces, desde luego, primero hay que tirarlo, y después hacerlo leña.

Además de los reclamos de las comunidades y organizaciones de productores, ante quienes quizá el gobierno mexicano asuma una posición de “lo hacemos por su bien”, y “sabemos mejor que ellos mismos qué es lo que les conviene”, se han sumado reclamos más “ilustrados”, como los emitidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (Conanp). Se decidió hacer caso omiso de estas opiniones. Deslumbradas por el mito de la enorme productividad transgénica, las autoridades federales en materia de desarrollo agropecuario decidieron apoyar a las trasnacionales que venden el grano genéticamente modificado.

Por supuesto, hicieron oídos sordos al discurso propuesto por el doctor Eduardo Batllori, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán (Seduma), que elaboró una robusta justificación para impedir el ingreso de los cultivos transgénicos a la península, y decidieron más bien sujetarlo al criterio de la suprema corte, y seguir avante en la idea de promover los cultivos transgénicos en México. No quiero satanizar la ingeniería genética. Quizá haya espacios territoriales y circunstancias ecológicas que resultan ser la mejor propuesta. Lo ignoro y no nos toca explorarlo: que lo haga la academia, los intereses fincados en esa apuesta, y el gobierno. Por lo pronto, está claro que soya transgénica no, y en la península de Yucatán, tampoco.

Evidentemente, la situación ya se le había dicho al Gobierno Federal, lo dijeron tres estados, la academia e incluso dependencias del ejecutivo de la Nación que responden al mandato de conservar y proteger los recursos naturales y la biodiversidad de México. A la luz de lo acontecido, no puedo evitar el placer (quizá un poco perverso) de decirles “se lo advertimos”. Pero fuera de broma, el mensaje es en realidad: hagan caso de las voces de quienes conocen lo que sucede en su tierra. El cacareado pacto federal se trata de eso. La soberanía de los estados atraviesa por la capacidad de participar eficazmente en lo que sucede en sus territorios.

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