La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy
San Francisco de Campeche
Viernes 16 de febrero, 2018
La península de Yucatán cumple seis años de oposición a los transgénicos. Comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2015 determinó dejar insubsistente el permiso comercial para siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto Comercial S.A. de C.V., en tanto no concluya la consulta a pueblos mayas.
La propia ley señala que la violación de dichos mandatos judiciales implica delitos de carácter federal que ameritarían investigación o sanción. La Procuraduría General de la República, a través de su cuenta de Twitter emitió la circular “Introducir, extraer, comerciar, transportar, almacenar o liberar organismos transgénicos en contravención de la normatividad es un #DelitoFederal. Se sanciona hasta con 9 años en prisión”.
En ese contexto, tanto las comunidades mayas como Greenpeace México e Indignación A.C. interpusieron denuncias administrativas y penales, exigiendo a la PGR investigue la distribución de semillas, siembra y comercialización ilegal de variedades de soya transgénica en Campeche, particularmente en Campeche y Hopelchén.
Para el ciclo agrícola 2017, tanto las comunidades mayas como las ONG presentaron nuevamente denuncia ciudadana ante el Senasica, ante la presunción de presencia de soya transgénica ilegal en aproximadamente 23 mil hectáreas en Campeche. María Colin, abogada de Greenpeace México, agregó que ante las denuncias presentadas en Profepa, Senasica y PGR entre junio y agosto de 2016, la autoridad agrícola tomó la decisión de imponer multas a nueve personas en los municipios de Hopelchén y Campeche hasta por un millón 95 mil pesos por persona.
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