Óscar Rodríguez
Foto: Jorge Ortiz
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 6 de junio, 2019
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, confió que tras la conclusión de las elecciones en Quintana Roo, el conflicto limítrofe por Punto Put se resuelva en los tribunales, pues a su parecer el tema no debe politizarse, por lo que será el Poder Judicial federal quien atienda el recurso legal que en breve será interpuesto.
En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló que tras el acuerdo que se generó entre los tres poderes del estado para combatir jurídicamente las afectaciones por la reubicación del llamado Punto Put de manera unilateral por parte del Congreso de Quintana Roo, han sostenido tres reuniones de trabajo donde se analizan las estrategias legales.
“Los tres poderes del estado estamos participando como lo anunciamos, acudió a la invitación el Poder Judicial como en su momento se informó, ya se tuvieron si no mal recuerdo tres mesas de trabajo del grupo técnico del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, y fruto de esas reuniones saldrá el producto jurídico final”, explicó.
Señaló que las autoridades yucatecas tienen como plazo hasta el 20 del presente mes para presentar un recurso jurídico ante los tribunales federales, por lo que aún se está en tiempo y forma para entablar la defensa.
Abundó que los motivos y fundamentos de la estrategia jurídica que se plantea por parte de ambos poderes del estado que según la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, será mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se revelarán una vez que esté en manos de ese tribunal dicho recurso.
Sin embargo, adelantó que la base del recurso que interpondrán ante el máximo tribunal del país, es en no reconocer el acto jurídico que de manera unilateral realizó el Congreso del vecino estado.
Finalmente, descartó que el litigio que en breve se iniciará afecte las relaciones entre ambos estados y más aún al estar gobernados por mandatarios emanados de la misma fuerza política.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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