Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Miércoles 10 de julio, 2019
Flor Tapia Pastrana, directora general de la asociación Opus Magnum de México, antes “Por un mejor Quintana Roo”, exigió al gobernador Carlos Manuel Joaquín González la publicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal ya aprobada por el Congreso estatal y que prohíbe, entre otras cosas, las corridas de toros y peleas de gallos.
Acusó al diputado Eduardo Martínez Arcila de pretender revocarla arguyendo que violenta las tradiciones y la cultura del pueblo maya, lo que refutó por medio de un documento firmado por los dignatarios mayas, quienes por su lado argumentan que ambas prácticas no son representativas de la milenaria cultura.
En la sede de la representación del Congreso estatal en Cancún, acompañada del médico veterinario Arturo Dzul León y dos personas más, la activista recriminó al presidente de la Gran Comisión y recordó que la diputada Eugenia Solís Salazar presentó la iniciativa a los integrantes de la XV Legislatura, siendo aprobada el pasado miércoles 26 de junio.
“En forma sorpresiva y preocupante pretende realizar una serie de foros y consulta ciudadana que buscan revertir los beneficios a la ya reformada Ley de Protección y Bienestar Animal del estado, en referencia a las consecuencias sociales que podrían presentar las pretendidas modificaciones a la ya reformada ley”, indicó la quejosa.
Los manifestantes advirtieron que el legislador blanquiazul pretende buscar mecanismos que revoquen la legislación, ya que para él atenta contra la cultura y las buenas costumbres de los pueblos mayas, situación que calificaron de ridícula porque la postura de los indígenas es a favor del reglamento porque sus costumbres no tienen nada que ver con peleas de gallos y corridas de toros.
Tapia Pastrana externó estar muy enfadada por la acción del legislador, porque su lucha es por el derecho de los animales a vivir y no ser torturados, y la contraparte argumenta que se pierden fuentes de trabajo, lo que consideró vergonzoso “porque no tienen cómo comprobar ingresos ni recibos de nómina ni pagan impuestos y, por ende, esas actividades estarían relacionadas con la delincuencia organizada.
“Realmente es una vergüenza, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es una vergüenza lo que el presidente (de la Gran Comisión) está haciendo, porque a final de cuentas está sirviendo a una minoría que no representa al estado, que no representa los valores que la sociedad ya demanda de tener una sociedad libre de violencia”, subrayó.
La activista añadió que prohibir ese tipo de espectáculos es elevar nuestra calidad como sociedad, es promover el principio de respeto a la vida en todas sus manifestaciones, y llamó a que ningún espectáculo que promueva el sufrimiento y la muerte, a partir de la modificación a la Ley de Protección y Bienestar Animal, sea tolerado.
Pidió al mandatario quintanarroense publicar la legislación ya modificada porque, de lo contrario, también demostrará que está al servicio de sólo unos cuantos y no de las mayorías.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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