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La Jornada Maya
Madrid, España
Martes 30 de julio, 2019
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la segunda institución bancaria más importante en España, fue imputado ayer por corrupción y otros delitos, en un caso de grabaciones ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político, informó un tribunal.
El tribunal imputa al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, señaló un portavoz de la Audiencia Nacional, alta jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros.
El anuncio se produce cinco días después de que la fiscalía anticorrupción se dijera en favor de la imputación de BBVA.
A principios de este mes, nueve responsables actuales y pasados de BBVA fueron acusados de los mismos ilícitos en esa causa, surgida de la pesquisa judicial contra el controvertido y opaco ex policía ahora en prisión José Manuel Villarejo.
En enero pasado BBVA admitió haber contratado los servicios del grupo Cenyt, dirigido por Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía.
Durante años, Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017, grabó secretamente sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios, y ahora se le acusa de utilizarlas para chantajearlos.
Según la prensa española, BBVA lo habría contratado en 2004 para acceder a miles de grabaciones telefónicas de periodistas y dirigentes políticos y económicos, con el propósito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.
En enero, el banco, que abrió una investigación interna sobre el caso, aseguró: No se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en sus primeras indagaciones.
El miércoles pasado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, garantizó que el banco seguirá colaborando activamente con la justicia. Aseguró que ha venido aportando información a la causa desde su comienzo.
Sin embargo, el escándalo obligó a Francisco González –su presidente entre 2000 y 2018– a dimitir, a principios de 2019, de todos sus cargos, incluidos los honoríficos.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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