Opinión
La Jornada
12/03/2026 | Ciudad de México
Con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados
rechazó la iniciativa en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para aprobar la propuesta se necesitaban por lo menos 329 sufragios favorables, pero 47 de 49 diputados del Partido del Trabajo (PT) y 52 de 62 del Verde Ecologista de México (PVEM) dieron la espalda a Morena en el intento de racionalizar el presupuesto de los organismos electorales y los partidos políticos, así como de subsanar el déficit de legitimidad de los legisladores de circunscripción plurinominal.
En cuanto a la vigencia de la coalición gobernante de cara a las elecciones intermedias de 2027 y otros comicios venideros, el rol opositor jugado por PT y PVEM podría interpretarse como una ruptura con el proyecto de nación que suscribieron al conformar la alianza Sigamos Haciendo Historia y, por lo tanto, dar pie a que Morena decida competir sin las siglas que lo han acompañado desde 2018. A esta posibilidad abonan las declaraciones destempladas emitidas por liderazgos petistas, que han atacado a sus socios como si se tratase de enemigos, con difamaciones y señalamientos fuera de lugar. Sin embargo, todo apunta a que el desencuentro será procesado por las tres formaciones como un sobresalto pasajero en una relación que ha sido tan firme como cordial y en la que los desacuerdos han sido la excepción y no la norma. En efecto, es difícil creer que se dé al traste con una alianza tan productiva por el primer desacuerdo en siete años, y así lo han dejado ver dirigentes de las tres fuerzas políticas.
En cuanto a la reforma misma, es inevitable lamentar el fracaso de una pieza legislativa que forma parte del proyecto de nación votado por seis de cada 10 ciudadanos y que, de acuerdo con encuestas recientes, es respaldada por más de 80 por ciento de los mexicanos. Los legisladores podrán inventar justifica-ciones para su voto en contra, pero no igno-rar que una abrumadora mayoría social rechaza que los limitados recursos del erario se destinen a la frivolidad de las burocracias doradas de los organismos electorales y de las cúpulas partidistas, además de alimentar un empresariado parásito que medra con un modelo en el cual la deliberación democrática es sustituida por el marketing. De este modo, el rechazo a la reforma muestra la subsistencia de un sector de la clase política que sigue aferrado al reparto de cuotas de poder al margen de la voluntad popular, al uso de los puestos políticos como plataforma de negocios y a poner los intereses privados sobre el bien común.
En suma, aunque imperfecta, la reforma era pertinente, necesaria y un mandato directo emitido en las urnas, por lo que quienes le cerraron el paso se evidenciaron como adversarios del desarrollo democrático. Queda esperar que el anunciado plan B –modificaciones a leyes secundarias para la cual sólo se requiere de mayorías simples en el Congreso– subsane en alguna medida las miserias más graves del sistema político-electoral y que las bancadas legislativas recapaciten acerca del daño causado a su credibilidad y su imagen pública al defender una situación nociva para el país.
Edición: Ana Ordaz
