Fernando Camacho Servín
Foto: Tomada de Web
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 1 de agosto, 2019
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dé a conocer los análisis costo-beneficio, estudios ambientales y contratos firmados respecto de la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
En la sesión pública del órgano garante realizada ayer, se explicó que un particular había solicitado los mencionados documentos de análisis costo-beneficio, además de los estudios técnicos de viabilidad, con anexos, en lo que se refiere al mencionado aeropuerto.
Al responder la solicitud, el sujeto obligado proporcionó el oficio de atención a otra solicitud, por lo que el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión por no haber recibido los documentos que requirió.
Durante la fase de alegatos, la SCT respondió que no había localizado información relacionada con los análisis ambientales, los contratos para su elaboración y análisis técnicos y aeronáuticos del aeropuerto de Santa Lucía, aunque al mismo tiempo proporcionó dos vínculos electrónicos para consultar información sobre el proyecto.
Por otro lado, le hizo llegar al solicitante el vínculo electrónico del portal del proyecto Tren Maya y señaló que en caso de requerirse más información se debía solicitar a Fonatur, ya que es la entidad encargada del desarrollo del proyecto.
Al estudiar el caso, la comisionada Blanca Lilia Ibarra concluyó que la SCT le entregó al demandante información correspondiente a otra solicitud, y que no consultó a unidades internas que hubieran podido darle los datos solicitados.
De igual forma, se localizaron diversos comunicados oficiales de los que se desprende la participación del sujeto obligado en actividades relacionadas con ambos proyectos.
La comisionada propuso revocar la respuesta de la SCT para que realice una nueva búsqueda de la información en las unidades administrativas competentes. El proyecto fue avalado por unanimidad.
El operativo tuvo lugar en un bar localizado en la supermanzana 247, del municipio Benito Juárez
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