Jessica Xantomila
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Ciudad de México
Martes 20 de agosto, 2019
La propuesta de las iglesias de establecer en la ley de asociaciones religiosas y culto público que puedan colaborar con el gobierno en temas sociales vulneraría el Estado laico, advierten especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda Guardiola, confirmó a este medio que las iglesias católica y evangélicas buscan que en la ley se reconozca su participación en temas, como construcción de paz y emergencias.
Pauline Capdevielle, ex coordinadora de la cátedra extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad, destacó que establecer estos cambios puede ser peligroso porque crea confusión respecto de las atribuciones de cada una de las esferas de poder.
La iniciativa, agregó, no es aislada, sino parte de una estrategia de algunos grupos religiosos para tener más incidencia en la política y se suma a la petición de que puedan ser concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, además, a un interés por parte del propio Poder Ejecutivo para apoyarse sobre estas estructuras religiosas para restaurar el vínculo social.
Agregó que antes de hacer los cambios tendrían que establecerse los lineamientos para que colaboren y definir –de las más de nueve mil que tienen registro ante la Secretaría de Gobernación– quién decidiría qué tipo de asociación religiosa puede ser considerada.
En tanto, Mariana Molina Fuentes, coordinadora de la misma cátedra, dijo que el hecho de que las iglesias cubran algunas actividades está mal en el sentido de que son responsabilidades que le tocan sólo al Estado.
Por ello, la académica agregó, más que apostar por un cambio en las leyes a partir del cual se permita el acceso de las organizaciones religiosas a las instituciones gubernamentales, tendría que ser el proceso opuesto: fortalecer el principio de laicidad e imponer sanciones para los servidores públicos que propicien la intervención de los grupos religiosos.
Añadió que el acuerdo que se está negociando actualmente ''tiene una duración superior a los 20 años''
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