Texto y foto: Ap
La Jornada Maya
Matamoros, México
Viernes 6 de septiembre, 2019
Con ocho meses y medio de embarazo, una salvadoreña que presentaba contracciones tras cruzar el Río Bravo y ser aprehendida por la Patrulla Fronteriza fue obligada a regresar a México.
Los agentes la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron un medicamento para detener las contracciones. Y luego, según la mujer y su abogada, fue enviada a México casi inmediatamente.
Así se convirtió en una de más de 38.000 personas obligadas a aguardar al otro lado de la frontera a ser convocadas para audiencias en tribunales de inmigración, según una política implementada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sus penurias ponen de manifiesto los riesgos para la salud y los peligros que representa para los inmigrantes el programa del gobierno de Estados Unidos para hacerlos esperar en México.
La mujer aguardaba el jueves con su hija de 3 años en un campamento improvisado en la ciudad mexicana de Matamoros, junto a un puente internacional, a punto de dar a luz cualquier día, señaló su abogada Jodi Goodwin.
“Le preocupa tener al bebé en la calle o tener que parir al bebé en un albergue”, agregó.
Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México, porque con frecuencia los sitios donde los inmigrantes aguardan a poder ingresar a Estados Unidos carecen de acceso a alimentos en forma regular, agua potable y atención médica.
Muchos albergues en la frontera con México ya operan a toda su capacidad o por encima de ella, y algunas familias han estado durmiendo en tiendas o sobre frazadas bajo el abrasador calor veraniego. Abundan los reportes de migrantes que son atacados o secuestrados en ciudades fronterizas mexicanas, en especial en el estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, donde la madre salvadoreña está aguardando una cita en un tribunal estadounidense programada para noviembre.
The Associated Press no publicará el nombre de la mujer porque ella teme por su seguridad.
El gobierno estadounidense no otorga una exención automática a las mujeres embarazadas para que no tengan que esperar en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declinó comentar sobre el caso de la mujer.
El programa, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección a Migrantes, fue instituido por Estados Unidos y México como una forma de desalentar a los migrantes a cruzar la frontera para solicitar asilo. México ha cooperado con la expansión del programa a solicitud de Trump, que en junio amenazó con imponer duros aranceles si el gobierno mexicano no hacía más para detener el avance de los migrantes.
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