Envían a prisión sin fianza a siete independentistas catalanes
Están siendo investigados por los supuestos delitos de terrorismo, posesión de explosivos y sabotaje
Armando G. Tejeda
Foto: Afp
La Jornada Maya
Barcelona, España
Jueves 26 de septiembre, 2019
Después de prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, los siete militantes independentistas pertenecientes a los Equipos de Respuesta Técnica (ERT) de los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron enviados a prisión sin fianza y se ratificaron las acusaciones en su contra.
Los detenidos están siendo investigados por los supuestos delitos de terrorismo, posesión de explosivos y sabotaje. El bloque independentista en Cataluña reacciona de forma aireada y reclamó en un pleno del Parlamento catalán la retirada de la Guardia Civil de la autonomía, en medio de una agria bronca política entre los grupos.
El juez español basó su decisión en la investigación de un año y media desarrollada por agentes de la Guardia Civil en Cataluña, que habrían desarrollada un dispositivo de vigilancia y contravigilancia a los grupos más radicales de los CDR, entre los que se encuentran las agrupaciones a las que pertenecían los detenidos. Durante el operativo, en el que participaron más de 500 agentes y se llevó a cabo con total secretismo -ni siquiera se informó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni, por supuesto a la policía autonómica catalana-.
El magistrado advirtió en su auto de prisión sin fianza que la acusación de la Fiscalía de acusar a los siete independentistas radicales de integración en grupo terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos está fundamentada. Los detenidos —Eduard Garzón, Xavier Buigas i Llobet, David Budria, Jordi Ros Solá, Xavier Duch Palau, Ferran Solis y Alexis Codina— declararon ante el juez y al menos dos de ellos habrían reconocido que habían participado en la compra de productos para la fabricación de explosivos y en algunas pruebas de los materiales con el objetivo de realizar acciones de sabotaje para conmemorar el segundo aniversario del referendo del primero de octubre del 2017.
En el auto se advierte que “el ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización” y que por tanto habría un riesgo real de la ejecución de una acción violenta.
La decisión del juez se dio a conocer cuando se estaba celebrando un pleno en el Parlamento catalán y nada más saltar la noticia, los cuatro diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación próximo a los CDR, pidió la palabra para solicitar la suspensión del pleno después de que se aprobó una moción en la que se pide la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, inició una protesta a gritos en el que la mitad del hemiciclo pidió de viva voz “libertad” para los detenidos. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, tuvo que suspender el pleno y expulsar al diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, tras el duro barullo y enfrentamiento entre los dos bloques.
También se registraron algunas concentraciones de protesta en Sabadell, Barcelona y Girona para exigir la liberación de los siete independentistas detenidos.
Foto: Afp
La Jornada Maya
Barcelona, España
Jueves 26 de septiembre, 2019
Después de prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, los siete militantes independentistas pertenecientes a los Equipos de Respuesta Técnica (ERT) de los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron enviados a prisión sin fianza y se ratificaron las acusaciones en su contra.
Los detenidos están siendo investigados por los supuestos delitos de terrorismo, posesión de explosivos y sabotaje. El bloque independentista en Cataluña reacciona de forma aireada y reclamó en un pleno del Parlamento catalán la retirada de la Guardia Civil de la autonomía, en medio de una agria bronca política entre los grupos.
El juez español basó su decisión en la investigación de un año y media desarrollada por agentes de la Guardia Civil en Cataluña, que habrían desarrollada un dispositivo de vigilancia y contravigilancia a los grupos más radicales de los CDR, entre los que se encuentran las agrupaciones a las que pertenecían los detenidos. Durante el operativo, en el que participaron más de 500 agentes y se llevó a cabo con total secretismo -ni siquiera se informó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni, por supuesto a la policía autonómica catalana-.
El magistrado advirtió en su auto de prisión sin fianza que la acusación de la Fiscalía de acusar a los siete independentistas radicales de integración en grupo terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos está fundamentada. Los detenidos —Eduard Garzón, Xavier Buigas i Llobet, David Budria, Jordi Ros Solá, Xavier Duch Palau, Ferran Solis y Alexis Codina— declararon ante el juez y al menos dos de ellos habrían reconocido que habían participado en la compra de productos para la fabricación de explosivos y en algunas pruebas de los materiales con el objetivo de realizar acciones de sabotaje para conmemorar el segundo aniversario del referendo del primero de octubre del 2017.
En el auto se advierte que “el ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización” y que por tanto habría un riesgo real de la ejecución de una acción violenta.
La decisión del juez se dio a conocer cuando se estaba celebrando un pleno en el Parlamento catalán y nada más saltar la noticia, los cuatro diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación próximo a los CDR, pidió la palabra para solicitar la suspensión del pleno después de que se aprobó una moción en la que se pide la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, inició una protesta a gritos en el que la mitad del hemiciclo pidió de viva voz “libertad” para los detenidos. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, tuvo que suspender el pleno y expulsar al diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, tras el duro barullo y enfrentamiento entre los dos bloques.
También se registraron algunas concentraciones de protesta en Sabadell, Barcelona y Girona para exigir la liberación de los siete independentistas detenidos.
