Rosa Elvira Vargas
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
En junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hoy, sólo ocho países la han adoptado. Pero México no está entre ellos.
El pasado primero de octubre se conmemoró el Día Internacional del Adulto Mayor. La estadística más reciente señala que en México viven alrededor de 12.9 millones de mayores de 60 años, poco más del 11 por ciento de la población total.
De acuerdo con diversas proyecciones demográficas, para 2030 este grupo etario representará 14.8 por ciento de los mexicanos, y llegará a 20 por ciento en 2050.
A partir de este sexenio se estableció un programa universal para adultos mayores que este año ejercerá 110 mil millones de pesos. Hasta septiembre, el padrón de beneficiarios era de ocho millones 38 mil.
Para el ejercicio fiscal 2020 se propone destinar 126 mil 650 millones de pesos a este sector.
Desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció un programa de pensión universal para personas mayores que en su momento recibió fuertes críticas, incluida la Presidencia de la República. Sin embargo, a la postre, todos copiaron esa política.
A su vez, estimaciones de la Comisión Económica para América Latina señalan que a mediados de siglo en el subcontinente vivirán 200 millones de mayores.
Así, y para impulsar un marco normativo que atienda los derechos de la vejez, la Convención –considerada de avanzada en el mundo– representa el primer instrumento jurídico continental para garantizar los derechos humanos de la vejez, con apartados sobre promoción, protección, reconocimiento, pleno goce y ejercicio de aquellos y sobre la adopción de medidas para su plena inclusión y participación social
México tiene una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero ha sido omiso en suscribir la Convención, como sí lo han hecho Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay. Ecuador y El Salvador la mantienen en estatus de adhesión.
Desde hace años, la academia, organizaciones civiles y multinacionales pugnan por una visión donde quede atrás el asistencialismo para ubicar a los ancianos como sujetos de derechos.
Apenas iniciada la actual Legislatura, el senador Joel Padilla Peña presentó una propuesta para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a firmar el documento. Un año después, no se advierte que la excitativa del legislador avance.
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