Texto y foto: Afp
La Jornada Maya
Río de Janeiro, Brasil
Jueves 28 de noviembre, 2019
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sufrió ayer su primer revés judicial desde que salió de la cárcel a principios de mes, cuando un tribunal de apelación elevó de 12 años 11 meses a 17 años un mes la sentencia dictada en su contra en uno de los casos de corrupción que enfrenta.
El líder de la izquierda permanecerá en libertad, gracias a una reciente decisión del Supremo Tribunal Federal que determinó que las penas de prisión sólo pueden empezar a ejecutarse cuando los acusados agoten todos los recursos disponibles en las cuatro instancias del sistema judicial brasileño.
Ese dictamen asestó un duro golpe a la operación [i]Lava Jato[/i] (Lavado de autos) que desde 2014 envió a la cárcel a decenas de empresarios y de políticos implicados en una red de sobornos centrada en Petrobras.
Los tres magistrados de la corte de apelaciones de Porto Alegre, tribunal de segunda instancia, elevaron la condena dictada contra Lula en febrero pasado.
En este juicio, el ex mandatario (2003-2010) es acusado de haberse beneficiado de obras de renovación realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una propiedad rural de Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de contratos en Petrobras y otras empresas estatales.
Lula siempre afirmó que esa propiedad no era suya, sino de uno de sus allegados, pero la fiscalía aseguró que considera probado que Lula era el principal usuario de esa propiedad y que las obras realizadas eran para él.
El líder izquierdista fue liberado el 8 de noviembre de una cárcel de Curitiba, donde cumplía desde abril de 2018 una sentencia de ocho años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero. En ese caso, fue considerado beneficiario de un departamento ofrecido por la constructora OAS en el litoral paulista, igualmente a cambio de contratos en Petrobras, lo que nunca fue probado.
El ex mandatario enfrenta al menos otros cinco procesos; en todos se ha declarado inocente y asegura que todo es una manipulación político-judicial para apartarlo de la contienda electoral.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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