Texto y foto: Jessica Xantomila
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 27 de febrero, 2020
Mujeres de diversos colectivos se manifestaron esta mañana en el Senado para denunciar que después de la convocatoria al paro nacional del 9 de marzo, partidos políticos como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional han invitado a la sociedad a sumarse pero estando en el gobierno “no respaldaron nuestras exigencias, al contrario las han invisibilizado y en muchas ocasiones obstaculizado”.
Sólo ahora “en medio de un panorama político de alternancia y de un estado de urgencia frente a la violencia que niñas y mujeres enfrentamos, es que deciden hacer acto de presencia, posicionándose mediáticamente”, deploraron.
“Nuestra lucha no es botín para los partido, basta de oportunismo!”, “¡Mi lucha no es tu imagen!”, “¡Por cada día que pasa matan a 10 mujeres al día!”, fueron algunas de las consignas que portaron en pancartas.
Ante este panorama, urgieron que los políticos muestren congruencia entre sus posturas y discursos con sus acciones legislativas.
Los colectivos Balance, Cuarta Ola, Dignas Hijas, Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Acoso En La U, entre otras, demandaron que los legisladores se pronuncien en favor de legalizar el aborto, crear una fiscalía especializada para la investigación de feminicidios, “junto con un sistema de justicia penal acusatorio sin contrarreforma ni populismo punitivo”; respetar el principio de no regresión en los derechos de las mujeres”.
Asimismo, progresividad en el presupuesto con perspectiva de género; generar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; fomentar la inserción laboral con un sistema público de cuidados; acceso a todos los derechos para las mujeres, incluido el matrimonio igualitario, y la adopción a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales; así como políticas para erradicar la discriminación.
En el documento que entregaron a oficialías de partes del Senado, demandaron también que se garanticen servicios de salud integrales; la no revictimización por parte de autoridades, fiscalías y policías, y prohibir la represión y criminalización de las protestas feministas.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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