Fernando Camacho Servín
Foto: Ap / Archivo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 19 de abril, 2020
El amparo otorgado por un juez federal que le ordena a las autoridades la liberación de todas las personas en contexto de movilidad que hoy se encuentran detenidas en estaciones o albergues del Instituto Nacional de Migración (INM) es una decisión “inédita” que podría ayudar a evitar contagios masivos de COVID-19, señalaron organizaciones civiles, al tiempo que investigadores especialistas en el tema llamaron al gobierno a enviar a migrantes y solicitantes de asilo a cuartos de hotel, para evitar posibles casos de coronavirus.
Ana Saiz, directora general de la organización Sin Fronteras, saludó el amparo que concedió este viernes el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa e indicó que fue producto del “esfuerzo colectivo” de más de 40 grupos de la sociedad civil, los cuales ingresaron diversas solicitudes para que los migrantes fueran puestos en libertad y así no corrieran riesgo de contagiarse de COVID-19.
La respuesta del Juzgado, celebró la activista, tuvo un carácter “muy protector” de los derechos de los migrantes, al reconocer en primer lugar la vulnerabilidad especial en la que se encuentran en las estaciones del INM, en el contexto de la actual emergencia sanitaria.
Además de solicitar que se libere de forma inmediata a los trabajadores internacionales que formen parte de algún grupo de riesgo particular ante el coronavirus, el fallo del juez también le ordena a las autoridades que especifiquen cuántos migrantes están detenidos actualmente y cuáles son sus posibles vulnerabilidades ante la enfermedad, lo cual “es relevante porque el INM es muy opaco a la hora de dar cifras y datos”.
Saiz recalcó que el gobierno del país está obligado ahora a rendir un informe completo sobre los aspectos arriba mencionados, e informar en un plazo de 24 horas si va a cumplir el fallo o decide impugnarlo, al tiempo que llamó a las autoridades a no hacer esto último, pues el amparo “es congruente” con lo que ya han advertido diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Por separado, la investigadora Marie-Laure Coubes, de El Colegio de la Frontera Norte, señaló que un grupo de especialistas de dicha casa de estudios llamaron a los gobiernos de esa zona del país a habilitar cuartos de hotel para migrantes y solicitantes de asilo, lo cual ayudaría a despresurizar a cerca de 90 albergues civiles de varios estados que hoy están rebasados y evitar posibles contagios de COVID-19.
Edición: Emilio Gómez
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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